El Gobierno intensifica la lucha contra la economía sumergida y el fraude
Empleo detecta 4.500 casos de trabajadores que cobraban salario y prestaciones.
El Gobierno intensificará su lucha contra «los comportamientos fraudulentos que atentan contra los derechos de los trabajadores y afectan negativamente a la competitividad de las empresas». El primer paso en ese sentido lo dio ayer, cuando aprobó remitir al Consejo Económico y Social el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Entre los objetivos del texto legal, que modifica varias leyes, se destaca «impulsar el afloramiento de la economía sumergida», «corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones», o «aflorar posibles situaciones fraudulentas en el acceso y percepción de prestaciones del sistema de Seguridad Social».
El anteproyecto prevé aumentar de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social en los supuestos de subcontrataión. Además, establece que «la reducción automática de las sanciones (en un 50%) cuando se ingresen las cuotas de la Seguridad Social no pagadas en forma y plazo» sólo se aplicará cuando «la cuantía de la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente».
Infracción muy grave
El nuevo texto contempla como «infracción muy grave» la utilización de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (EREs) o por una reducción de jornada de trabajo, y pone de manifiesto la necesidad de establecer «mayores sanciones para aquellos supuestos de utilización masiva de trabajadores sin alta en Seguridad Social».
Además, acuerda suprimir el límite en las sanciones en materia de Seguridad Social, actualmente establecido en un total de 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de los 125.001 euros, y sin tope máximo.
El anteproyecto fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como la prolongación de la lucha contra el fraude que el ministerio de Empleo ha intensificado en los últimos meses.
Las inspecciones
Sáenz de Santamaría desveló que el ministerio que encabeza Fátima Báñez detectó, a lo largo del primer semestre del año, hasta 4.500 casos de trabajadores que cobraban salario y prestación por desempleo al mismo tiempo.
Durante los primeros seis meses se han llevado a cabo más de 110.000 inspecciones en materia de empleo irregular, que permitieron aflorar un total de 40.000 empleos, y detectar hasta 14.000 contratos falsos. «Esta es la senda por la que hay que caminar», insistió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.