España registra un défict como el de Grecia, al 9,4% por culpa de los bancos

El Gobierno estaba sobre aviso, pero la comparación ha resultado más negativa de lo previsto. La corrección al alza que la oficina estadística europea acaba de realizar sobre el déficit público que alcanzó España en 2011 cifra esta magnitud en una proporción equivalente al 9,4% del PIB, frente al 8,5% que se había estimado hasta ahora. El fuerte empeoramiento del caso español responde a dos causas bien identificadas: al rescate de entidades bancarias nacionalizadas y a la regularización de facturas impagadas –y no registradas- que las distintas administraciones venían manteniendo.

El nuevo porcentaje es idéntico al que el mismo año presentaba Grecia, y supone un desequilibrio presupuestario que en ese ejercicio solo era superado por Irlanda (números rojos equivalentes al 13,5% del Producto Interior Bruto) entre los 27 socios de la UE. El incremento de nueve décimas aplicado al déficit español es el más elevado en un conjunto de países donde hay de todo; la zona euro presentó en el ejercicio 2011 un déficit equiparable al 4,1 de su PIB.

Ningún otro ajuste es tan significativo. Las inyecciones de capital proporcionadas a Catalunya Banc, NovaGalicia BanK y Unnim Bank han tenido que reclasificarse como consecuencia de la pérdida de valor de las participaciones que adquirió el FROB a cambio de inyectar capital, pero son desembolsos que se imputan «de una sola vez» y es de prever que una parte de estos fondos se vean compensados cuando se produzca la reprivatización de las entidades. La revisión de la UE también aumenta -en este caso en tres décimas, a causa de facturas impagadas por las administraciones- el déficit que las Administraciones Públicas españolas presentaron en 2010 hasta situarlo en el 9,7% del PIB.

Aunque Eurostat no lo anticipa, la factura bancaria, además de engordar en 5.100 millones el déficit del pasado año, va a sumar otros 11.500 millones a los números rojos del ejercicio actual, que cerrará con un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente al 7,4% del PIB (en vez del 6,3% en que hasta ahora se mantiene el compromiso adquirido) por esta causa. El Gobierno piensa que se librará de la penalización.