Diez años de plazo y un canon anual para el nuevo transporte de viajeros
Las empresas de transporte de viajeros que explotan rutas regulares tendrán que ofertar un canon anual por obtener una concesión que solo se extenderá a un plazo de diez años, frente al periodo actual, que oscila entre cincuenta y noventa. Son algunos de los cambios que introduce la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobada ayer por el Consejo de Ministros para sorpresa del sector, que estaba a la espera de conocer el texto definitivo tras una fase de consultas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, informó de las principales novedades tras la reunión del Gabinete. Recordó que la norma en vigor data de 1987 y no solo era necesaria una flexibilización, sino que algunos cambios introducidos responden a la adaptación a reglamentos comunitarios.
Claves
Pastor explicó que el canon lo propondrán las empresas en las ofertas que presenten a las concesiones y será un elemento a tomar en cuenta en el momento de la adjudicación, lo que permitirá «aumentar el volumen de recursos recaudados». Rechazó que pueda implicar una subida en el precio de los billetes con el argumento de que el Gobierno, aunque suprime la fijación de unas tarifas mínimas para los servicios que no sean concesiones administrativas, se reserva la fijación de las máximas que afectan a todos. Pero reconoció que la reforma abre camino a alzas individualizadas del importe de los billetes cuando una empresa concesionaria no logre alcanzar el equilibrio en sus cuentas. La reforma se ha hecho eco de algunas demandas de los subsectores. Los taxistas, por ejemplo, habían reclamado cambios en el borrador inicial, e incluso convocaron movilizaciones, tras denunciar la competencia desleal que padecían.
El nuevo texto establece límites a las autorizaciones de alquiler de coches con conductor. Estas últimas licencias se concederán en proporción a las del servicio de taxis (una por cada treinta) como sistema de garantizar el equilibrio, explicó la ministra de Fomento. En el segmento de los autocares, la norma permite realizar transporte de escolares y de viajeros de forma combinada, con vehículos que se dediquen a una u otra actividad. Un total de 3.625 empresas operan en España el transporte de viajeros.