Hacienda descontará la deuda pendiente a las administraciones que sean morosas
Pagarán con parte de sus ingresos . las obligaciones con los proveedores.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El Gobierno quiere acabar con la morosidad de las administraciones públicas y, de paso, someter a los ayuntamientos y comunidades autónomas a la nueva legislación que limita a 60 días el plazo máximo para que paguen a sus proveedores. Y cuando eso no sea posible por las buenas, el Ejecutivo central tomará medidas para descontar a los incumplidores los importes pendientes de su parte de los ingresos del Estado.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en Sevilla la puesta en marcha de un «nuevo instrumento de gestión que facilitará a los proveedores el cobro de deudas que tengan pendientes con la administración». Se trata de habilitar un mecanismo que permita a las empresas proveedoras de bienes y servicios que reclamen deudas a los ayuntamientos y comunidades recurrir a Hacienda para que «arbitre la forma de pago» de esas obligaciones.
«Vamos a crear un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se podrá dirigir al Ministerio de Hacienda de forma directa para que este departamento sea el que arbitre la forma de pago a ese proveedor. El Ministerio, que es el que gestiona la participación en los ingresos del Estado de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, será el encargado, en su caso, de detraer los recursos a la administración morosa», recalcó Montoro.
Tres vías para pagar
Las fuentes de Hacienda consultadas subrayaron que a partir de este año 2013 las comunidades dispondrán de tres vías para hacer frente a los pagos. La primera es buscar financiación por su cuenta. La segunda posibilidad consiste en recurrir a préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que en su segunda edición permitirá a las autonomías hacer un uso doble de sus recursos. La tercera y más novedosa es que el Gobierno le podrá descontar directamente la deuda de su parte de la ‘tarta’ de los impuestos.
Por otra parte, Hacienda publicó sus informes sobre el seguimiento hasta el tercer trimestre de la ejecución de las medidas contenidas en los planes económico-financieros de reequilibrio de las cuentas de las comunidades autónomas. Los dictámenes elaborados por el ministerio ‘suspenden’ a siete territorios —Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares— al advertir «desviaciones» en la aplicación de las políticas comprometidas con el Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el caso de Cataluña, el diagnóstico de Hacienda es ambiguo.