El Gobierno insta a los ciudadanos a luchar contra el fraude en el paro

«Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos pero, si la ciudadanía no toma conciencia del problema, acabar con esta lacra será una tardea mucho más ardua». Con esta clara advertencia, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidió ayer la colaboración de la sociedad en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

A tal fin, anunció la creación de un buzón donde se puedan denunciar ese tipo de conductas «fraudulentas e insolidarias», de cara a su análisis posterior y, en su caso, sanción correspondiente, por parte de la Inspección de Trabajo. Dicha herramienta, ya disponible en la web del Ministerio, permite todo tipo de notificaciones de conductas irregulares, desde cobros indebidos del paro hasta empleos sin contrato o condiciones laborales fuera de la ley

Aunque las denuncias no podrán ser anónimas, sí gozarán de «una garantía absoluta de confidencialidad» por parte de los inspectores que lleven cada caso.

No obstante, al Ejecutivo no parece haberle ido nada mal en el primer año de vigencia del plan de lucha que en este ámbito puso en marcha en abril de 2012. Desde entonces realizó un total de 334.214 inspecciones, que le permitieron aflorar 130.512 empleos que estaban antes en la economía sumergida. La consecuencia práctica para las arcas públicas es que se ahorraron 3.160,67 millones de euros.

Para el presente ejercicio, la dotación prevista es de 26.696 millones, si bien distintos expertos coinciden en que se superará esa cifra.. La tasa de cobertura de estas ayudas alcanza al 62% de los desempleados.

Esas modificaciones también han provocado que se haya reducido en 18.740 el número de beneficiarios respecto a igual período de 2012, con una tasa de cobertura cuatro puntos menor que entonces. Sólo en el mes de junio salieron 2.403 millones de las arcas públicas con ese destino, a una media de casi 879 euros por persona. Asimismo, cayó el número de solicitudes, un -5,9%, hasta las 893.832. El impacto para las arcas públicas fue de 915,2 millones, que sedescontarán de la factura total de estas ayudas.

Aumentaron también, hasta un 30,6%, las infracciones cometidas por empresarios al dar trabajo a quienes cobraban el paro, situación en la que incurrieron 5.833 personas, un 28,9% más que hace un año. Y en la lucha contra las empresas ficticias, el Ministerio aumentó un 46,8% sus investigaciones (14.842), detectando con ellas hasta 1.964 infracciones, un 146,2% más.