El nuevo juez del caso Blesa sólo ve «sospechas pero no indicios»
El exfinanciero insiste en que la compra del City Bank de Miami fue autorizada .
Blesa, a su llegada ayer los Juzgados de Plaza de Castilla .
Caso Blesa, año II. Tras casi 14 meses de idas y venidas —la denuncia que dio pie a esta causa fue presentada el 5 de diciembre de 2012 por el sindicato Manos Limpias—, la nueva investigación para esclarecer la polémica adquisición de un banco en Florida por Caja Madrid dio ayer sus primeros pasos formales. Lo hizo con la comparecencia como imputado del principal responsable de la operación denominada Palm y expresidente de dicha entidad financiera, Miguel Blesa. Eso sí, no hubo sorpresas en su declaración, al igual que tampoco en las que prestaron media docena de exdirectivos suyos que, a priori, pudieron jugar algún papel en aquella transacción.
Y es que de alguna forma asistimos a la reedición de un procedimiento que ya fue instruido durante el primer semestre de 2013. El problema es que los excesos jurídicos del juez anterior (el controvertido Elpidio José Silva), asumiendo la competencia del caso de forma indebida y encarcelando en dos ocasiones a Blesa (una sin fianza) sin que hubiera argumentos suficientes —hechos que le obligarán a sentarse en el banquillo de los acusados por hasta cuatro delitos continuados, enfrentándose a 40 años de inhabilitación profesional y su expulsión de la judicatura—, han minado de alguna forma la investigación y obligan al nuevo instructor, el magistrado Juan Antonio Toro, a moverse con pies de plomo.
Tanto es así, que en el auto donde rechaza adoptar medidas cautelares contra el expresidente de Caja Madrid y los otros imputados —la acusación popular había pedido la retirada de pasaporte— por no considerarlas «proporcionadas» ni «necesarias», amén de tampoco «urgentes», el nuevo instructor del caso deja claro que por el momento únicamente existen «sospechas» contra Blesa y sus antiguos colaboradores. Hará falta —añade— «una investigación más amplia» para «tener elementos suficientes» y que aquellas pasen a ser unos «indicios que, por ahora, no tenemos».
No obstados, todos declararon en calidad de imputados por los presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta.
Parte de la información ya obraba en la otra causa, pero al declararse su nulidad es necesario volver a requerirla. Lo que sí se descarta, en principio, es la utilización de los 8.777 correos electrónicos intervenidos a Miguel Blesa, salvo casos concretos que fueran correspondientemente justificados. No en vano, algunos de esos mensajes acreditarían la insistencia de Blesa por limitar los controles sobre la compra del City National Bank of Florida, una operación que se fraccionó en dos de forma sospechosa, evitando así que se requiriera la autorización previa de la Comunidad de Madrid al no superar en ninguna de esas fases, a priori, el 5% de sus recursos propios. Blesa incidió en ese punto ante el juez, al insistir en que no era necesario contar con su permiso, aunque negó que la transacción se hubiera dividido para eso. Añadió, además, que la operación fue aprobada por unanimidad en el consejo de administración y restó importancia a las dudas de algunos consejeros.