Hacienda pierde una de cada dos reclamaciones en los tribunales
Están «atascados» por la alta litigiosidad, al aumentar un 88% las reclamaciones .
Cara o cruz, una de dos. La poderosa maquinaria de Hacienda no es precisamente infalible a la hora de demostrar ante la justicia que sus actuaciones sobre los contribuyentes están plenamente ajustadas a Derecho. Lo dicen con frialdad las cifras:la mitad de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos —en concreto, el 49,7%— son estimadas por los tribunales, ya sean los ordinarios de justicia o los económicos administrativos (TEA), especializados en la materia pero desconocidos para el gran público.
El pagano de esta situación vuelve a ser el ciudadano, en la medida que se agrava el descenso en la recaudación necesaria para no hacer más ajustes, ya provocado tanto por la crisis como por la «ineficacia» en la lucha contra el fraude. Así, al menos, lo denunció ayer el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha), que ha tomado como base la propia Memoria Anual de los TEA y habla de «voracidad tributaria» por parte de las Administraciones Públicas.
Según sus cuentas, desde 2007 se ha incrementado un 88% la deuda pendiente de cobro por parte de Hacienda hasta superar los 50.000 millones de euros en la actualidad. Desde la Agencia Tributaria, poco proclive a facilitar este tipo de datos que proporciona siempre con bastante desfase temporal, reducen a 25.200 millones de euros los derechos reconocidos no cobrados que corresponden a deudas impugnadas en los tribunales. Hablamos de cifras al cierre de 2012, y con un incremento acumulado del 25% desde 2010.
Otro punto de vista
El Tribunal de Cuentas maneja otra cifra, más cercana a los cálculos de Gestha: 48.674 millones de euros también a finales de 2012 —la Agencia Tributaria aún no ha presentado la Memoria de 2013—, casi un 30% más que tres años antes. Esa suma, no obstante, incluye la deuda concursal sobre la que Hacienda no tiene capacidad de gestión. Y del total, el órgano contable estima que apenas se cobra una cuarta parte, en torno a 10.500 millones.
Una cifra similar —casi 11.000 millones, el 22% de la deuda pendiente de cobro— se encuentra paralizada a día de hoy, en la medida que su suerte final -—si habrán de pagarse al fisco o quedarán en el bolsillo de particulares y empresas— está todavía en manos de los tribunales. Gestha señala que el aumento de la litigiosidad que se viene registrando desde 2008 «ha desembocado en un atasco» de los tribunales económicos a administrativos.
«Desde hace 14 años —denuncian— se cuenta prácticamente con el mismo número de ponentes técnicos —el Ministerio ha aprobado un plan para aumentar su número un 29%, aunque el citado colectivo cree que al venir de la Agencia puede quedar en entredicho la independencia de los TEA— e inspectores de Hacienda para resolver las reclamaciones».