La Unión Europea indaga si el gobierno valenciano manipuló los datos de déficit

La Comisión Europea va a investigar si la Comunidad Valenciana manipuló de manera «deliberada» y «sistemática» los datos de déficit entre los años 2008 y 2011. Así lo anunció la institución comunitaria en un comunicado ayer en el que también matizó que esta evaluación no pone en cuestión las cifras de déficit de España, que ya fueron corregidas en octubre de 2012 con un incremento del 0,4% del PIB. Y es que lo que tratará de averiguar Bruselas no es si existen ‘facturas en el cajón’ sin declarar -eso ya se detectó y subsanó- sino si esas anomalías se produjeron de manera «errónea, de forma deliberada o por negligencia grave» de manera que el Ejecutivo valenciano «tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años».

«La calidad y la credibilidad de las estadísticas europeas no es algo con lo que la Comisión esté dispuesta a transigir», aseguró el comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta,en un aviso de que la institución comunitaria va a tomarse en serio la evaluación. Durante las inspecciones, los técnicos de Eurostat detectaron que la Intervención General de la Generalidad Valenciana «había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años». Según denunciaron, además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, este órgano tampoco había respetado el principio de devengo previstos por los reglamentos a nivel nacional y de la UE. La Comisión destacó que el gobierno regional tampoco atendió los informes del Tribunal de Cuentas autonómico que, al parecer, habían identificado estos problemas.

En cualquier caso, la investigación comunitarias siembra dudas sobre los mecanismos de control del Gobierno central para detectar este tipo de errores. En este sentido, el Ejecutivo resaltó que el periodo en el que se centra la investigación corresponde a la legislatura anterior. «Las cuentas se refieren al momento que se refieren y con posterioridad a 2012 no ha habido objeción», declaró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien también mostró la disposición de España a «colaborar» con Bruselas.

Desde Hacienda insistieron en que fueron las propias autoridades estadísticas españolas las que en mayo de 2012 advirtieron a Eurostat de la existencia de gastos realizados y no notificados correctamente.

Por su parte, el Gobierno valenciano intentó justificarse y alegó que las anomalías detectadas hacen referencia a las facturas no registradas antes de 2012 -periodo en el que ya gobernaba el PP en la región- y que afloraron cuando la Generalitat se acogió al Plan de Pago a Proveedores en julio de ese año.