El Banco de España apoya que el Estado reclame el dinero de las tarjetas B

El Banco de España quiere que todo el dinero gastado de forma indebida con las tarjetas B (‘Black’) de Caja Madrid sea retornado a las arcas públicas porque su sucesora, Bankia, tuvo que ser rescatada en la primevera de 2012 con 22.400 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y entiende que el competente para formular formalmente esa reclamación es el propio Estado.

En principio, la vía más directa para ello serían los tribunales, en la medida que ya hay un procedimiento abierto tanto sobre el uso de las tarjetas como, en general, sobre las irregularidades que rodearon la transformación de la caja de ahorros en un banco —junto a otra media docena de entidades regionales— y su salida posterior a bolsa en 2011.

Y hasta que la justicia no depure esas responsabilidades, el Banco de España no podrá actuar, precisó ayer el subgobernador Fernando Restoy.

El ‘número dos’ del supervisor financiero intentó, no obstante, eludir cualquier responsabilidad del Banco respecto a este escándalo aunque, en apariencia, hubieran fallado sus controles internos en Caja Madrid.

Fuentes de la investigación apuntaron a este respecto que los propios responsables de la entidad pudieron dificultar su labor ofreciendo información incompleta o incluso, en algunos casos, errónea.

Sin sospechas

Tampoco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) saltaron las alarmas. Y ello pese a que en 2009, ante la gravedad de la crisis financiera, el Ejecutivo amplió a las cajas la obligación de informar sobre las retribuciones de sus altos cargos y los miembros de sus consejos de administración. Esos datos le llegaban a ella y al propio Banco de España pero, en apariencia, no se profundizó a ese respecto. De hecho, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, insistió también ayer en desmarcarse de un asunto que, a su juicio, no pasaría de ser «un problema fiscal» que debe competer a «quien fiscalizaba la caja (los auditores y Hacienda) o al supervisor» (el Banco de España), pero no a ellos porque Caja Madrid no era una entidad cotizada. Obvia, sin embargo, tanto la citada reforma sobre los sueldos como el hecho de que Bankia mantuvo más de medio año esas prácticas anómalas tras su estreno bursátil, y que su folleto fue autorizado sin reparos al respecto.

Quienes sí están tomando decisiones ya son las organizaciones a las que ha salpicado el escándalo porque entre sus miembros había un número apreciable de usuarios de las polémicas tarjetas B. Así, el PSOE resolvió ayer expulsar de forma provisional —los afectados pueden recurrir ahora esta medida— a los 10 afiliados que formaban parte del consejo de Caja Madrid, que se unen así a los otros seis miembros que ya habían presentado su baja voluntaria.