Los desvíos en los contratos públicos cuestan 47.500 millones cada año
La CNMC estima el impacto de estos sobrecostes para la economía en el 4,6% del PIB.
El derroche de dinero que puede tener la construcción de una determinada autovía, el servicio de basuras de una ciudad o la gestión de algún hospital, entre otros casos, puede llevarse por delante hasta 47.500 millones de euros al año del erario público. Es el ajuste que las Administraciones tienen que pagar a las empresas que han ganado esos concursos públicos cuando se registra una desviación presupuestaria, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
El regulador estima que, cuando no hay competencia real entre las empresas que pugnan por un contrato público, «se pueden originar desviaciones medias del 25%». El impacto de estos sobrecostes para la economía española podría suponer hasta un 4,6% del PIB, según calcula la CNMC en su análisis sobre la contratación pública en el país. El informe carga duramente contra estos procesos, a los que critica por su «falta de transparencia, competencia e ineficiencia». El conjunto de adjudicaciones públicas equivalen el 18,5% del PIB español, unos 4.100 euros al año por cada ciudadano.
El de los sobrecostes es uno de los problemas que más suspicacias levanta entre los ciudadanos. Porque, en la mayoría de las ocasiones, un caso de corrupción política suele estar ligado a algún tipo de adjudicación desde la Administración de turno con alguna empresa cercana sobre la que recae la sombra de la sospecha y que tanta crítica social han provocado en los últimos años. El regulador recuerda que existe «una mayor sensibilidad debido a la larga crisis económica», por la reducción de otras partidas presupuestarias que han afectado a familias y empresas, al mismo tiempo que las desviaciones siguen protagonizando muchas adjudicaciones oficiales.
La CNMC critica tanto el sistema de contrataciones como la normativa que las vigila. Sostiene que es una parcela «proclive a la existencia de prácticas irregulares desde el punto de vista de la competencia». Además, critica «las elevadas barreras de entrada» que impiden participar a un gran número de empresas por los requisitos previos que se les imponen; «la multiplicidad de órganos de contratación» que intervienen; o los «problemas de información asimétrica» que afectan indirectamente al contribuyente a través de los gastos extraordinarios.
También se alerta sobre otras prácticas que afectan a los presupuestos y que no pasan necesariamente por los sobrecostes. Por ejemplo, las «bajas temerarias». Es decir, cuando una empresa ofrece un precio mínimo, incluso menor al coste medio de mercado, para hacerse con un contrato.