Andreu impone fianzas de 4,3 millones a 21 imputados por las tarjetas opacas
Virgilio Zapatero deberá abonar 11.000 euros y el villafranquino Moral Santín 610.000.
El ex consejero villafranquino Moral Santín.
El juez Fernando Andreu ha impuesto fianzas civiles por un total de 4,3 millones de euros a 21 ex consejeros que utilizaron las tarjetas opacas de Caja Madrid al descartar que fueran un complemento a su retribución y considerar que las usaron «en provecho propio» en perjuicio de la entidad.
En un auto, el magistrado fija unas cuantías equivalentes a lo que cada uno gastó más el tercio legal y que oscilan entre los 11.000 euros de Virgilio Zapatero, los 126.000 de Gerardo Díaz Ferrán y los 610.000 euros del villafranquino José Antonio Moral Santín, advirtiéndoles además de que si no las depositan en tres días se procederá al embargo de sus bienes.
Estas cantidades junto a las del resto de imputados se vienen a sumar así a los 16 millones que el juez impuso para Miguel Blesa y los 3 de Rodrigo Rato el pasado octubre.
Andreu ha tenido muy en cuenta el «contundente» testimonio del ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que rechazó la que le entregó el ex presidente Rodrigo Rato por estimar que se trataba de una «mala praxis», para concluir que los imputados «pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma».
Según el juez, la emisión de dichas tarjetas respondía única y exclusivamente a los gastos derivados de las labores propias de un consejero, pero los imputados usaron esas visas en fines de semana o festivos, en artículos de lujo y otros productos que «en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación».
Para descartar que formasen parte de las retribuciones, el magistrado se remonta a la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid del 30 de octubre, cuando su entonces presidente, Jaime Terceiro, informó de la «entrega de tarjetas visa de empresa a los miembros del consejo y de la comisión de control exclusivamente para gastos de representación».
En este sentido, trae a colación la declaración del propio Terceiro, que el pasado viernes explicó que las visas pasaban por un doble control «cuantitativo y cualitativo», de forma que tenían un límite de gasto de 600 euros que los usuarios nunca llegaron a sobrepasar y cuyos cargos debían justificar ante el secretario general.
Sin embargo, esos filtros cambiaron con la llegada de Blesa a la presidencia.
El magistrado menciona así las explicaciones contradictorias dadas por los ex consejeros, ya que mientras unos defendieron que se les facilitó una visa para uso personal, otros señalaron que se les dio para gastos de representación.
Pero «ello no quita que, con independencia de las instrucciones verbales que les pudieran facilitar la persona encargada de la entrega física de la tarjeta», tuvieran y pudieran haber conocido e incluso tener la obligación de «saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos». Y ninguno de ellos, que entre sus funciones estaba la supervisión y control, se preocupó «por conocer los concretos términos» para los que las tarjetas se habían concebido.