Endesa propone limitar el bono social por nivel de renta

La compañía quiere «rediseñar los criterios» sobre los ingresos.

El presidente, Borja Prado y el consejero delegado, Bogas. F. VILLAR

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León

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Agencias | Madrid

El presidente de Endesa, Borja Prado, explicó ayer su propuesta de reforma del bono social —el descuento del 25% sobre el consumo energético que se aplica a determinados colectivos— para que sea percibido realmente por los clientes que tengan «unos niveles de renta mínimos» y, así, evitar «que lo reciban otros que no se encuentren en situación crítica».

Prado lanzó la idea en la junta de accionistas que la eléctrica celebró en Madrid, y en cuyo discurso incluyó el problema de la pobreza energética. La propuesta de reforma del bono social consistiría en «rediseñar los criterios» en función de los ingresos que perciba cada hogar, estableciendo un límite por debajo del cual se podría activar la ayuda. Hasta ahora, se pueden beneficiar las familias numerosas, los pensionistas con prestaciones mínimas, los hogares con todos sus miembros en paro y quienes tengan contratada una potencia inferior a tres kilovatios. El consejero delegado de la compañía, José Bogas, también incidió en esta idea al indicar que con esta modificación, Endesa sostiene que se podrían «asignar recursos» para financiar un fondo centrado «en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura ni siquiera con un descuento y que sean identificadas como tales por los servicios sociales de los ayuntamientos», explicó.

Garoña, sólo si es viable El presidente de Endesa también aclaró este martes que el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos) dependerá del análisis «técnico y financiero» de su viabilidad, independientemente de que el Consejo de Seguridad Nuclear autorice su funcionamiento. Porque, según Borja Prado, «se trata de una decisión empresarial, no política», abriendo la puerta a un posible cierre.

Mejor aislados

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Por otro lado, Endesa propone que una parte del Fondo de Eficiencia Energética, dotado con 200 millones de euros, se dedique a reforzar al aislamiento térmico de las viviendas de las familias que se hallan en situación de pobreza energética. Las eléctricas han reforzado en los últimos años sus medidas para paliar el problema de la pobreza energética a través de la firmas de convenios con ayuntamientos y autonomías para identificar a clientes vulnerables y reducir los cortes de suministro.