El Gobierno destina 5.265 millones de euros a medidas para el empleo
Ejecutivo y agentes sociales mantienen el enfrentamiento por los cursos de formación.
Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. GUILLÉN
D. Valera | Madrid
El Consejo de Ministro aprobó ayer el Plan Anual de Política de Empleo 2016 que está dotado en los Presupuestos con 5.265 millones, lo que implica 477 millones más que el anterior. Este programa, que ya fue acordado con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de empleo en abril, se centra en las políticas activas de empleo. Los cinco objetivos estratégicos del plan son: los jóvenes y la implantación de la garantía juvenil; los colectivos con más dificultad (mayores de 45 años y parados de larga duración); la formación profesional; mejorar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo; y el emprendimiento.
Báñez anunció que el 92% de esos 5.265 millones se dedicarán a orientación, formación y oportunidades de empleo. Asimismo, las comunidades recibirán 1.800 millones de esos fondos (386 millones más que en 2015). El 70% de esos recursos estarán vinculados a los resultados.
El Gobierno y los agentes sociales siguen enfrentados por el nuevo modelo de formación. ayer el Consejo de Ministros escribió un nuevo capítulo en ese desencuentro al dar luz verde al primer plan en el que los sindicatos y la patronal están apartados de la gestión de los fondos. Una exclusión derivada de la reforma del sistema realizada hace más de un año y que provocó el rechazo de los interlocutores sociales hasta el punto de que el Ejecutivo se vio obligado a sacar adelante el nuevo modelo sin su respaldo.
Un apoyo que sigue lejos de lograr, como quedó ayer demostrado tras las críticas a la convocatoria de un programa de ayudas públicas de 250 millones de euros para planes de formación a trabajadores en 2016 y 2017.
La ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, recordó que el nuevo sistema sigue las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas para ganar en «transparencia». En concreto, la decisión de apartar a patronal y sindicatos del manejo de estos recursos responde a los casos de fraude en el uso de los fondos para cursos de formación registrados en los últimos años. De hecho, para evitar estos problemas se ha creado una Unidad Especial dentro de la Inspección de Trabajo con el objetivo detectar irregularidades. También se ha establecido un nuevo régimen sancionador más duro que castiga con cinco años de inhabilitación en la administración pública en caso de un uso indebido de estas partidas.