PP y Ciudadanos pactan limitar a tres años los contratos de interinos

D. Valera | Madrid

Acuerdo entre PP y Ciudadanos para limitar a tres años el contrato de los interinos en la administración pública. Así consta en una enmienda a los Presupuestos Generales presentada por el grupo Popular y que busca evitar el abuso de este tipo de contratos, máxime después del varapalo que supuso una sentencia del Tribunal Europeo el pasado año en la que se equiparaba la indemnización de estos trabajadores a la de los fijos.

Sin embargo, el respaldo del partido de Albert Rivera no es suficiente para sacar adelante esta medida y necesitará el visto bueno de otros grupos de la oposición. En concreto, la enmienda recoge que la duración del contrato, en su modalidad de obra o servicio, «no podrá ser superior a tres años». Asimismo, explica que tampoco podrán encadenarse sucesivos contratos con la misma persona por un período superior a tres años. Una circunstancia que el texto explica «deberá quedar debidamente reflejada en el contrato».

A tener en cuenta

Sin embargo, el documento propuesto por el PP y al que se ha sumado Ciudadanos va más allá y restringe enormemente este tipo de empleos en el sector público. «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales», recoge el texto. En este ámbito entrarían sectores en los que actualmente la presencia de interinos ya es más elevada, como por ejemplo educación.

La medida incluida en la enmienda va en la misma línea que el plan presentado por Hacienda y pactado con los sindicatos para reducir la temporalidad en la administración del 25% al 8% en un plazo de tres años. Para ello el Gobierno sacará a concurso el 90% de las plazas interinas (unos 250.000 puestos) , principalmente en los sectores donde más empleo precario existe: sanidad, educación y justicia, así como en los servicios sociales, la policía local, la gestión tributaria y recaudación y la inspección de servicios.