La economía sumergida en España alcanza ya los 168.000 millones
El dinero no declarado equivale al 16% de la actividad del país, según un nuevo informe.
D. Valera | Madrid
La economía sumergida en España equivale al 16% de la actividad del país, lo que supone 168.000 millones que se escapan a los ojos de la Agencia Tributaria. Una cuantía no declarada que produce 25.648 millones de fraude fiscal. Al menos esa es la estimación realizada por el Consejo General de Economistas Reaf-Regaf en un estudio presentado ayer. Esa cifra de fraude es inferior a otras planteadas anteriormente por distintos investigadores que elevaban hasta los 40.000 millones las cantidades defraudadas debido a una proyección más elevada de la economía ‘en negro’ cercana al 20%.
Sin embargo, el estudio del Consejo de Economistas parte de la base de que no toda la economía sumergida equivale a fraude fiscal, puesto que sólo debería tributar una parte de esa actividad no declarada que en España sería de 102.000 millones. En este sentido, los autores del documento estiman que esa cuantía debería soportar un gravamen medio del 25%. Esto da lugar a un impacto en la recaudación de 25.648 millones procedente del fraude (lo que debería tributar y no lo hace). Una cifra que uno de los responsables del estudio, Jesús Quintas, consideró «más realista» que otras cantidades más elevadas aportadas por otros estudios que no delimitan claramente la diferencia entre economía sumergida y fraude. Asimismo, Quintas explicó que el estudio muestra que el porcentaje estimado de fraude en España es similar al de otros países como Alemania o Dinamarca.
Propuestas
Propuestas El informe realiza hasta 20 propuestas para luchar contra la economía sumergida. Entre ellas se incluye la necesidad de educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario. También mejorar la explotación de la información en poder de la Agencia Tributaria. Además, apuesta por aumentar las actuaciones preventivas, por ejemplo, en el envío de cartas informativas a contribuyentes con cierto tipo de ingresos. Asimismo, aboga por potenciar la utilización de medios de pago electrónicos que facilitan el control de operaciones y realizar un seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes regularizaciones. Por su puesto, profundizar en la cooperación internacional mediante el intercambio de información y defienden «facilitar la regularización tributaria» por los contribuyentes con unos costes inferiores a los de la regularización por la administración. «Hay un problema de conciencia fiscal», señaló el ex director general de Tributos Jesús Gascón. En este sentido, recordó que un 20% de contribuyentes consideran justificado el fraude en ciertas ocasiones. Para tratar de corregir esa percepción estimó fundamental la ejemplaridad de los cargos públicos.