Economía
Tarjeta roja a la Seguridad Social del Consejo de Cuentas
Le exige más control en las empresas de las bajas laborales.
El secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Tomás Burgos
El Tribunal de Cuentas dio un tremendo tirón de orejas a la Seguridad Social por la falta de control en la gestión de las empresas colaboradoras de las bajas laborales (aquellas que asumen el coste de las prestaciones por incapacidad temporal del trabajador y posteriormente retienen la parte correspondiente de las cotizaciones). En un informe muy crítico publicado este viernes el organismo fiscalizador analizar los resultados de esta modalidad correspondientes a 2015 y acusa a la dirección general de ordenación de la Seguridad Social de «no haber ejercido de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela» de esta modalidad de colaboración.
A 31 de diciembre de 2015 un total de 314 empresas estaban autorizadas para colaborar voluntariamente en la gestión con la Seguridad Social. Básicamente este sistema consiste en que las compañías asumen las prestaciones económicas o los gastos sanitarios derivados de las bajas laborales de los trabajadores y en compensación retienen la parte de cuota correspondiente (contingencias profesionales) o aplican unos coeficientes reductores en sus cotizaciones aprobados por el Ministerio de Empleo (contingencias comunes). Pues bien, el Tribunal de Cuentas detecta en su informe un desfase «no justificado» de 5,8 millones de euros entre el importe comunicado por las empresas a la Seguridad Social y la reducción aplicada en las cuotas del ejercicio 2015. Una diferencia que supone el 5,5% del total de los 105 millones reducido de las cuotas por las empresas colaboradoras.
Un desajuste que el informe del organismo fiscalizador presidido por Ramón Alvarez de Miranda apunta que se debe «tanto a la falta de remisión» de la información como al envío de la documentación sin datos por parte de 52 empresas «sin que la dirección de la Seguridad Social hubiera realizado ninguna actuación efectiva tendente a exigir su reenvío». De hecho, el documento insiste en la absoluta falta de control de los datos por parte del departamento que dirige el Secretario de Estado de Seguridad Social.