Liquidar el Banco Popular habría extendido las quiebras, asegura Bruselas

J. A. Bravo | Madrid

En Bruselas tienen cada vez más claro que la polémica «decisión de resolución» del Banco Popular, ejecutada por el FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a instancias de las autoridades europeas el 7 de junio de 2017, fue lo mejor que podían haber resuelto o, al menos, el escenario menos malo. No solo en términos de los perjuicios causados a sus accionistas y acreedores, de los que dice que «no habrían recibido mejor trato» de haber ido directamente a un concurso de acreedores, sino también para el conjunto de la banca. Y es que la recuperación del sector financiero aún no se ha completado, pese a mejorar claramente sus cuentas tras el rescate de 41.300 millones de euros que España pidió en 2012 para recapitalizarlo y del que quedan por devolver casi la mitad (23.700 millones). Por eso, la Junta Única de Resolución (JUR), uno de los mecanismos de la Unión Bancaria implementados por la Comisión Europea y los Veintiocho, advierte en su último informe de que de no haber actuado como lo hizo hace un año «se hubieran podido producir nuevos casos de iliquidez, creando un círculo vicioso».