Las ayudas fiscales a multinacionales para crecer en el extranjero eran ilegales

adolfo lorente | bilbao

No por esperados, los varapalos dejan de ser tales, sobre todo cuando afectan al bolsillo. Esta vez procedió de Luxemburgo, en concreto del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) -una suerte de primera instancia en los pleitos europeos-, y fue encajado por muchas multinacionales españolas que se beneficiaron de ayudas fiscales para financiar su expansión internacional. Se trata del conocido como fondo de comercio que la Comisión declaró contrario a las reglas comunitarias de Competencia a través de dos decisiones adoptadas en 2009 y 2011, que ordenaban al Gobierno español a recuperar las bonificaciones concedidas desde diciembre de 2007. Este jueves la justicia comunitaria avaló las tesis del Ejecutivo comunitario, aunque la sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Todo se remonta a 2002, cuando el Gobierno estaba liderado por José María Aznar. Entonces, con el propósito de lanzar la ‘marca España’ en el extranjero, Hacienda permitió que las compañías que tributasen en el país pudieran amortizar durante 20 años el fondo de comercio resultante de «la compra de una participación de al menos el 5% de una compañía extranjera, siempre que la mantuviera durante al menos un año» (este fondo de comercio es la diferencia entre el valor de una empresa en libros y el precio pagado).

Las primeras quejas llegaron por parte de varios eurodiputados, pero en un primer análisis, Bruselas no vio mayores problemas. El testigo lo tomó una empresa privada y con éxito ya que el departamento de Competencia abrió una investigación formal en 2007.

Las compañías afectadas decidieron mover ficha ‘ipso facto’ presentando varios recursos ante la justicia comunitaria.