Doce jueces del Supremo critican por escrito la sentencia de las hipotecas
Reprochan el «drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que se había declarado con anterioridad».
efe | madrid
Doce de los 28 jueces que el pasado 6 de noviembre acordaron en pleno que fueran los clientes los que debían abonar el impuesto de actos jurídicos documentados sobre hipotecas han expresado por escrito sus votos particulares en contra del fallo y critican el «arbitrismo judicial».
Inmediatamente después de conocerse la sentencia, que se saldó por 15 contra 13, y por la gran contestación social que suscitó, el presidente del Gobierno anunciaba un real decreto para que fuera la banca la que se hiciera cargo de la tasa, que fue aprobado por el consejo de Ministros dos días después, el 8 de noviembre.
Ahora, el alto tribunal ha hecho públicas las sentencias -tres- que examinó el pleno de la sala de lo contencioso administrativo, que evidencia las discrepancias de los magistrados ya que incluye doce votos particulares.
En concreto, reprochan el «drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como respecto a lo declarado en la Sala de lo Civil, giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia».
En una de ellas se explica que la posibilidad de convocar un pleno para la deliberación y fallo de algún asunto «está contemplada en las normas procesales como un procedimiento regular», que si bien «y como es natural no es frecuente, en modo alguno cabe calificar de excepcional o insólito».
Además, destaca que «sólo desde un grave desconocimiento jurídico» puede afirmarse que convocar un pleno de este tipo para resolver sobre el criterio jurisprudencial que esta Sala debía adoptar pueda calificarse como «una suerte de recurso contra previas decisiones firmes».
Y es que el Supremo ya había fallado en anteriores ocasiones a favor del cliente, en concreto el 16 de octubre.
En su voto particular, el magistrado José Manuel Sieiro señala que expresó su disconformidad con el hecho de que «se procediera a la votación de una propuesta sin haber sido debatida previamente».
El magistrado Nicolás Maurandi, por su parte, reprocha que la confianza social en la justicia «queda gravemente quebrantada».