El cambio normativo facilita ahora la digestión de las hipotecas

j. m. camarero | madrid

Pocas veces en la vida se puede escuchar un «¡Autorízalo!» tan tajante como el que el responsable del banco exclama al otro lado de la mesa de una notaría para que la entidad ingrese el dinero de una hipoteca a un cliente, pocos segundos después de que el fedatario público haya validado la operación. En juego están miles de euros (unos 135.000 por operación, según el INE). Añada a toda esa presión un cambio normativo que modifica los pasos que ha dado una familia con su banco y el propio notario. Todo tiene que estar bien atado. Ninguna parte quiere dar un paso en falso, porque se juega un compromiso de hasta 20 o 30 años por delante que puede acabar en los tribunales. Eso es lo que está ocurriendo estos días en la firma de hipotecas que se están autorizando. A cualquiera se le hace un nudo en la garganta; resulta un trago, como poco, tenso.

Para facilitar todo ese proceso, el lunes día 17 (oficialmente el 16, pero es domingo) entrará en vigor la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario. Su contenido supone un espaldarazo para los consumidores, quienes ganan terreno frente a algunas de las prácticas que realizaba la banca que, aunque legales, no superaban los criterios de buena comercialización y transparencia, según dictan numerosas sentencias.

La norma define las cláusulas que puedan resultar «sensibles» para que el hipotecado esté alerta antes de firmar; limita las comisiones; explica qué gastos asume cada parte (casi todos el banco, incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a excepción de la tasación); y obliga a acudir dos veces al notario, para informarse primero y certificar después que se conoce al dedillo todos los términos que contiene la escritura.

Con pelos y señales

Este último es uno de los cambios, porque «al firmar el acta se confirma que se ha recibido toda la información incluida en la hipoteca», explica Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). «El 95% de las cuestiones que el banco está obligado a informar ya estaban en la norma anterior», indica. Pero con el nuevo proceso se refuerza la constatación de que se conocen todos los términos del contrato.

El banco tiene que dar al cliente un margen de 10 días para que analice la información del préstamo antes de firmarlo. En ese plazo el notario debe haber recibido por vía telemática la información, debe haber tenido un encuentro para verificar las condiciones y solventar dudas y haber emitido un acta válida. Después, se concertará una segunda visita a la notaría, que será la definitiva para el momento de la firma.

Quienes a estas alturas estén en medio del proceso convivirán con una norma y la anterior. Habrá operaciones en las que ya ha comenzado a contar el reloj de los 10 días, pero que se firmarán a partir del día 17. «En estos casos será necesario fijar criterio respecto de cómo se producirá la intervención del notario», explica Alfonso González Espejo, socio del área de Regulación y Cumplimiento de KPMG.

Esta incertidumbre ha provocado que se haya acelerado la firma de hipotecas negociadas durante las últimas semanas para evitar que la nueva ley les bloquee en medio del proceso de transición con los 10 días obligatorios, confirman fuentes del sector. También aclaran que, en otros casos, se está postergando la formalización de la hipoteca a dentro de una semana para que el proceso se acoja por completo a la nueva norma y no esté a caballo con la legislación anterior.

El del plazo es uno de los flecos que Alfonso González considera que «ha sido excesivamente reducido» desde su aprobación hasta su entrada en vigor. «Ha situado a entidades y operadores en una posición muy difícil, se ha realizado un gran esfuerzo para que todo esté a punto», explica. En cualquier caso, piensa que «se ha minimizado el riesgo de que surjan problemas de última hora».