Citan a González como investigado por los contratos al comisario Villarejo
j. m. c. / m. b. | madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón citó ayer como investigado al que fuera presidente del BBVA, Francisco González, para interrogarle por los servicios contratados a empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. González, que presidió la entidad entre 2000 y 2018, declarará el lunes acusado de los delitos de revelación de secretos y cohecho.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el miércoles la citación del exbanquero para que aclarase los pormenores de estos contratos con Villarejo, cuyo origen data del año 2003, cuando el BBVA prescindió de la consultora estadounidense Kroll para sus investigaciones patrimoniales y fichó a Cenyt, la sociedad del comisario jubilado. El nexo de esta operación fue el entonces jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, antiguo compañero de Villarejo en la Policía Nacional. El también excomisario firmó los contratos en nombre de BBVA y su intermediación se produjo para proteger la soberanía nacional, según explicó Villarejo al juez en julio.
La lista de declaraciones la completan el lunes el exdirector de comunicación Javier Ayuso, que también fue jefe de prensa de la Casa Real y que comparecerá en calidad de testigo. El martes será el turno del exdirectivo Eduardo Arbizu y de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente del BBVA Carlos Torres. Ambos declararán como investigados. Arbizu fue responsable de la entidad en España y Portugal durante los años objeto de las pesquisas judiciales. Y Asúa ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno. Fue cesado en julio cuando estalló el caso.
El miércoles 20 será el turno del BBVA como investigado como persona jurídica. Ese día deberá comparecer un representante legal de la entidad bancaria para responder a las preguntas del juez y de los fiscales anticorrupción del caso.
En el auto en el que se encausaba al banco, el instructor enmarcó la investigación en los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. García Castellón sospecha que «la cúpula» consintió la contratación de Villarejo para tareas de información y espionaje. Lo hizo en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podía reportar. En esa resolución consideró necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, «la ausencia de mecanismos de control» y «la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial» fueron «medios de los que pudo haberse valido para facilitar la contratación» de Villarejo.
Para Anticorrupción, los contratos objeto de las pesquisas se alargaron 13 años y su importe fue superior a los 10 millones de euros. La nueva dirección del BBVA puso en marcha una auditoría para conocer los detalles de estos servicios. Para ello, contrató a la auditora PwC y los despachos jurídicos Uría y Garrigues.
Se sabe, a través de la documentación incautada en el sumario y la declaración de Villarejo, que los trabajos iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, como al final ocurrió, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores o analizar la situación de morosos como las constructoras Martinsa o Prasa.
Precisamente, las pesquisas derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado la presidencia de la entidad en diciembre de 2018.