Las negociaciones entre el grupo automovilístico y los sindicatos se rompieron definitivamente el jueves
Fiat eliminará en Italia 8.100 puestos de trabajo a partir del lunes
La crisis de Fiat desembocó ayer en un nuevo y duro enfrentamiento entre el Gobierno italiano y los sindicatos, mientras se radicalizan las
Imagen de la manifestación protagonizada ayer en Turín por los trabajadores de Fiat
«El Gobierno ha realizado una mediación eficaz y obtenido concesiones de la dirección de Fiat», aseguró Berlusconi al señalar que la firma turinesa se recuperará y que «habría preferido otra actitud por parte de los sindicatos». El político conservador ha vivido ya momentos de gran tensión con los sindicatos, como las dos huelgas generales organizadas este año contra su proyecto de flexibilización de los despidos. Los líderes de las centrales Cgil, Cisl y Uil abandonaron ayer sin alcanzar un acuerdo una última reunión negociadora en la capital italiana, tras rechazar de nuevo el plan de reestructuración de Fiat que prevé la eliminación de 8.100 puestos de trabajo. A partir del próximo lunes, 5.600 empleados del grupo automovilístico pasarán a depender de los fondos públicos temporales de desempleo, en principio por un período máximo de 24 meses. A ellos se sumará en los próximos meses otro contingente, lo que unido a las jubilaciones anticipadas elevará el número de afectados a un 21% de la plantilla de la firma en Italia. En su comparecencia de ayer ante el Parlamento para explicar la postura del Ejecutivo, el ministro de Industria, Antonio Marzano, defendió que se había llegado a una solución «óptima» entre las necesidades de la empresa y las de los sindicatos, aunque lamentó los «prejuicios» de estos últimos. Marzano insistió en que la intervención gubernamental en la crisis evitará el cierre de fábricas, «reduce al mínimo» el impacto sobre los trabajadores y «refuerza la competitividad de Fiat». Aunque subrayó que «no nos hemos plegado a la voluntad de la empresa». Entre las medidas dispuestas por el Ejecutivo se incluyen 60 millones de euros para la formación de los trabajadores y la prórroga de los incentivos para la adquisición de vehículos que cumplen la normativa «ecológica». También se añade el compromiso por parte de Fiat de que no se producirá el cierre de la factoría siciliana de Termini Imerese. Sin embargo, el optimismo del Gobierno ha sido rechazado de plano por los sindicatos y las formaciones de la oposición de centroizquierda, que valoran de forma distinta su actuación. «El acuerdo entre el Gobierno y la empresa es inaceptable porque en él falta un tercer elemento: los sindicatos», señaló ayer el secretario general de los Demócratas de Izquierda, Piero Fassino. El líder de la Cgil, Gugliemo Epifani, rechazó ayer las acusaciones de haber obstaculizado la obtención de una solución negociada y aseguró que la lucha continuará «con todo tipo de movilizaciones», al tiempo que apeló a la unidad sindical. En este sentido denunció un acuerdo «realizado de espaldas de los trabajadores» y que consideró «típico de un país dictatorial». Se intensifican las protestas De hecho los trabajadores de Fiat, en pie de guerra contra los despidos, intensificaron ayer las protestas y los paros a lo largo de toda la geografía del país. La manifestación más multitudinaria se produjo en Turín (norte), sede histórica de Fiat, con cerca de 4.000 personas en diversas marchas por el centro de la ciudad y la ocupación temporal de la estación ferroviaria de Porta Nuova, aunque sin incidentes. Otros actos tuvieron lugar en Milán, Varese y Cassino, con el bloqueo a las fábrica de estas dos últimas localidades y el corte de carreteras en la zona. En todas las fábricas del grupo propiedad de la familia Agnelli se realizó, además, una huelga de cuatro horas que según los sindicatos tuvo un seguimiento de un 70-80%. Para la próxima semana hay ya convocados numerosos paros y manifestaciones, como la que tendrá lugar el lunes en Bolonia a las puertas del Salón internacional del Automóvil «Motor Show». Fuentes sindicales dejaron entrever ayer la posibilidad de convocar una nueva huelga general el próximo enero.