El Gobierno inicia el análisis de la opa con la intención de mantener empleo y oficinas

Ayer terminó el plazo de la consulta pública abierta por el Gobierno de España para recoger opiniones sobre la opa de BBVA para adquirir el Sabadell. Un proceso sin precedentes que ha elevado los decibelios del debate sobre la operación haciendo lejano el 30 de abril, cuando la ComisiónNacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó por unanimidad la operación con los compromisos adquiridos por BBVA. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abre ahora un estudio sobre el dictamen de Competencia a la luz del «interés general» e incorporando las opiniones recogidas, que no deben tomarse como referéndum. «No se plantea como un sí o un no", recordó sino que busca integrar «información cualitativa relevante", precisó. Cuerpo tiene hasta el 27 de mayo para tomar una decisión: elevar o no al Consejo de Ministros la resolución, que contaría con otros 30 días para aumentar o disminuir las condiciones con las que autorizar la oferta, pero nunca vetarla. La inclusión financiera, es decir, el número de oficinas y su distribución por el territorio, así como los puestos de trabajo, son las dos cuestiones clave que baraja el Ejecutivo para actuar. De hecho, fuentes conocedoras de los contactos, señalan que es una de las líneas más avanzadas que maneja Moncloa. Se trata de centrar las exigencias en garantizar red de oficinas y proteger a las plantillas frente a los despidos. Unos objetivos que se conseguirían con el anuncio de un veto a la fusión comercial que BBVA podría plantear, una vez adquirido el Sabadell. Se trataría, por lo tanto, de un aviso del Ejecutivo adelantando sus intenciones sobre una decisión que le asiste un momento futuro del procedimiento. Es una de las esperanzas que albergan las empresas catalanas tras su encuentro con el ministro Carlos Cuerpo en el Cercle d'Economia.