El Gobierno encara el veredicto de la opa cercado por sus socios y Bruselas

Hace tiempo que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una operación puramente empresarial para entrar de lleno al terreno —más bien al barro— político. La intervención del Gobierno con la inédita consulta pública lanzada el 6 de mayo y la posterior decisión de elevar al Consejo de Ministros la operación, anticipaba la imposición de condiciones asumibles para el banco vasco, en base al interés general y más allá de las ya pactadas con Competencia.

Pero la fuerte crisis política que asedia al PSOE ha desbaratado por completo las quinielas sobre la postura que finalmente adoptará el Ministerio de Economía el próximo martes 24 de junio, cuando Moncloa anunciará su decisión. «Es imposible de predecir; hace unas semanas daba un 99% de probabilidades a que la opa saliese adelante con nuevas condiciones asumibles para BBVA; pero reconozco que ahora estoy perdido", comenta a este diario un gestor de fondos con ambos bancos en cartera. «La debilidad del Gobierno puede tener varias lecturas: por un lado que, en medio del importante caos que rodea al PSOE, se apueste por evitar más problemas y establecer condiciones aceptables para BBVA, incluso aunque estas obliguen a la entidad a recalcular las sinergias esperadas inicialmente", señala.

Ceder ante los socios

«Por otro, Economía podría ceder a la presión de socios como Sumar, que exigen una actuación más contundente, con la prohibición de acometer despidos o cierre de sucursales, pero eso lo veo menos probable", insiste. La presión llega de todos los frentes, de ahí la imprevisibilidad de la resolución final. El informe de la UCO sobre la implicación del ex secretario de organización, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', ha provocado que los que apoyan al actual Ejecutivo ganen mucho poder de negociación.