El 40% de los ERTE concedidos en la pandemia tienen sospecha de fraude

Los ERTE, la medida estrella desplegada por el Gobierno durante la pandemia que permitió proteger el empleo de más de cuatro millones de trabajadores durante la covid-19 y erigirse como el salvavidas de medio millón de empresas, están ahora, cinco años después, bajo sospecha de fraude. No todos, pero sí más del 40% de los concedidos, una cifra más que significativa. El Tribunal de Cuentas publicó este martes un exhaustivo informe en el que aflora las deficiencias e irregularidades que cometieron los órganos competentes a la hora de conceder y gestionar las prestaciones por desempleo que se reconocieron a los 4,15 millones de trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo en plena pandemia y las ayudas que recibieron más de 550.000 empresas en forma de exoneración de las cuotas de sus empleados. Supone, por tanto, un varapalo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, más específicamente, para Yolanda Díaz, ya que el departamento liderado por la vicepresidenta segunda —junto con el de José Luis Escrivá— fue el encargado de gestionar y aprobar estas ayudas que supusieron un desembolso por parte del Estado de más de 26.200 millones de euros: 18.272 millones por el pago del desempleo y 7.964 millones por exenciones a las empresas en las cuotas de estos trabajadores. Así, el órgano encargado de fiscalizar las políticas públicas detecta «indicios de incumplimiento» en las exoneraciones de cuotas realizadas a un total de 278.757 empresas, es decir, la mitad de las 558.000 que se acogieron a estos expedientes de regulación de empleo para protegerse de los efectos de la covid-19 y que podrían afectar a 1,7 millones de personas, el 40% del total. Estos casos han sido trasladados a la Inspección de Trabajo para su análisis —apunta el tribunal-, lo que podría desembocar en multas o devoluciones de estas ayudas, aunque la sobrecarga de Trabajo de los inspectores dificultan esta tarea. Durante ese periodo en el que España se encontraba en estado de alarma, la avalancha de prestaciones y ayudas que había que conceder en un tiempo récord provocó un caos y colapso sin precedentes en los órganos encargados de gestionarlas (principalmente el SEPE, que se vio desbordado), lo que permitió que estas medidas extraordinarias se concedieran con carácter general, sin poder verificar si la autoridad laboral correspondiente había constatado la existencia de fuerza mayor, requisito para otorgarlas. Además, el informe señala que la falta de una aplicación informática específica (en la Dirección General del Trabajo, dependiente de Yolanda Díaz) dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes, lo que «ha conllevado la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas». Además, la falta de coordinación impidió llevar un control adecuado sobre los ERTE-covid.