Sánchez tira de Real Decreto para sus medidas económicas esenciales

El Gobierno está atado de pies y manos por un Parlamento cada vez más fragmentado y tensionado. Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, no quiere dar señales de debilidad, agotamiento y parálisis en el terreno económico y, por eso, su intención es sacar toda la artillería para demostrar que, pese a todo, sigue gobernando. Esta es la orden que han recibido, para este año, los ministros: poner en marcha todas las medidas pendientes que puedan ver la luz sin necesidad del respaldo del Congreso. Es decir, a través de reales decretos, tal y como ha hecho esta misma semana con la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes o como hizo con el real decreto ley antiapagón que, tras recibir el ‘no’ de la Cámara baja, fue troceado para que algunas de las reformas que contenía pudieran ser aprobadas con distintas fórmulas parlamentarias. Frente a eso, aún hay muchas promesas económicas que están en el horno cocinándose para aprobarse más pronto que tarde, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y su nueva regulación para que no pueda ser absorbida por los complementos salariales, el registro de jornada, la jubilación flexible, las altas progresivas. Sin embargo, otras como las nuevas cotizaciones de los autónomos, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Estatuto del Becario o la pasarela al RETA para los mutualistas tendrán serias dificultades para conseguir el aval del Parlamento. El Gobierno subirá el salario mínimo, con efecto retroactivo desde enero, un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que supondrá un incremento de 570 euros anuales. A diferencia de la guerra que estalló el año pasado entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, esta vez no ha existido debate interno dentro del Ejecutivo y ha habido consenso, tanto en el porcentaje como en la decisión de que siga libre de impuestos, al no exigir que tribute en el IRPF. Así se aprobará en las próximas semanas a través de un real decreto, que el Ministerio de Trabajo ha pactado con los sindicatos pero que se topa con el rechazo frontal de la patronal.

Blindaje del SMI por ley

Yolanda Díaz también tiene intención de sortear al Congreso y llevar por real decreto cambios en la norma del salario mínimo que impedirán que determinados complementos salariales se diluyan o rebajen al ser absorbidos por la subida. Así se ha comprometido con los sindicatos, pero la patronal advierte de que, de ver la luz, lo recurrirá en los tribunales, puesto que considera que esto ha de plasmarse a través de una ley y no mediante modificaciones en el reglamento. El fracaso de la reducción de jornada en el Congreso que tanto daño hizo al Gobierno motivó un giro inmediato en el guion: cuando no habían pasado ni 24 horas del naufragio de la medida estrella del Ejecutivo para esta legislatura, Díaz inició los trámites para desgajar de esta ley el endurecimiento del registro horario y aprobarlo de forma exprés; una medida que asusta más a las empresas que el propio recorte de jornada, al obligar a fichar de forma digital (y no manual), así como especificar si las horas son ordinarias o extraordinarias y precisar cómo se compensan las extras. Lo hace a través de un reglamento que previsiblemente recibirá la aprobación definitiva en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, sin pasar por el Parlamento, aunque la CEOE ha advertido de que también lo recurrirá en los tribunales. El Gobierno tiene entre manos una importante reforma que afectará a la mayor parte de los trabajadores: los cambios en la jubilación flexible, una medida pendiente que se acordó dentro de la reforma de las pensiones y que ya va con retraso, pese a que tampoco necesitará pasar por el Congreso, dado que se aprobará vía real decreto. El Ministerio de Seguridad Social tiene intención de retomar una negociación que estaba ya bastante avanzada y que incrementará la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar.