Cesados o jubilados podrán pedir también la nueva indemnización
La sentencia del Supremo impacta directamente sobre 300.000 trabajadores temporales
Auxiliares administrativos de ayuntamientos, personal de limpieza, empleados de bibliotecas, trabajadores de servicios sociales, técnicos contratados por comunidades autónomas o personal de universidades públicas son algunos de los perfiles que pueden estar detrás de los casi 300.000 empleados públicos laborales temporales que están afectados directamente por el fallo judicial sobre el abuso de la temporalidad en la Administración y, por tanto, pueden ir a los tribunales. La sentencia del Tribunal Supremo procede de la Sala de lo Social y, por tanto, es de aplicación para el personal laboral temporal, mientras que la Sala de lo Contencioso afecta a los funcionarios interinos y personal estatutario, que aún tiene pendiente resolver, aunque el abogado Javier Arauz sostiene que esta misma sala en 1995 se declaró competente por los abusos causados a todos los interinos.
El personal laboral son trabajadores contratados por una administración pública bajo una relación laboral, aunque desarrollen su actividad dentro del sector público. En España hay 298.989 personas en esta situación, según los datos recopilados por este periódico a través del portal estadístico de Función Pública.
El grueso de los posibles afectados se concentra en las administraciones más cercanas al ciudadano, las comunidades y los ayuntamientos. Así, las entidades locales suman 145.181 trabajadores laborales temporales, las autonomías reúnen otros 142.382, mientras que el sector público del Estado cuenta con 11.426. Por territorios, Andalucía encabeza la lista, con 56.720 personas, casi una de cada cinco del total. Le siguen Madrid, con 38.056, y Cataluña, con 38.055, prácticamente empatadas. El perfil de estos posibles afectados también muestra una mayoría femenina. De los 298.989 trabajadores laborales temporales identificados, 168.864 son mujeres, el 56,5% del total, frente a 130.125 hombres, el 43,5%.
El problema de fondo es la elevada temporalidad que en la actualidad tiene el empleo público.
De los 3,6 millones de empleados públicos que hay en España, alrededor de 981.000 tienen un contrato eventual, lo que sitúa la tasa de temporalidad cerca del 30%, muy por encima del objetivo del 8% comprometido por España para reducir la precariedad en las administraciones. No obstante, la reciente sentencia del Tribunal Supremo aún plantea dudas sobre quién podrá acogerse a esta indemnización. La cuestión principal es si sus efectos se limitarán al personal laboral temporal o si también podrán beneficiarse otros empleados públicos en situación de temporalidad, como funcionarios interinos o personal estatutario temporal. En la Administración conviven varias categorías de empleados públicos. Los funcionarios de carrera tienen plaza fija tras superar un proceso selectivo. Los funcionarios interinos ocupan temporalmente plazas funcionariales.