La Audiencia Nacional quiere parar la rebaja en las tasas por el uso de tarjetas

La Audiencia Nacional decidirá antes del próximo día 15 de julio si paraliza el proceso abierto sobre las comisiones que bancos y cajas se cobran entre sí por el uso de sus tarjetas (crédito y débito) en los comercios -que a su vez repercute en las cantidades que se les descuentan a estos últimos-, abierto por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) tras instar a una rebaja en las mismas. Su disposición a tomar esa medida es casi total, tras haber admitido a trámite el recurso presentado por los medios de pago contra la resolución administrativa que les obligaba a recalcular sus tasas de intercambio actuales, vigentes desde el verano de 2001. De estimarse la principal medida cautelar solicitada por los medios recurrentes (4B, Servired y Euro 6000), que antes de esa fecha debían presentar sus nuevos modelos de tarifas, se retrasaría sine die la rebaja que los comercios iban a disfrutar este mismo verano en las cantidades que se les descuentan por las operaciones que se abonan a través de terminales electrónicos. Pago en exceso Según las cuentas de la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (Anceco) -que representa a 46.000 empresas de 22 sectores, entre detallistas, mayoristas y fabricantes-, de confirmarse la tesis del TDC, en los últimos tres años habrían pagado un «exceso» de 365 millones de euros, a razón de 10 millones mensuales. A partir de ahora se abre un largo trámite, que seguramente se prolongue más de un año, en el que se dará parte, además de a los tres medios de pago, a las organizaciones profesionales afectadas, como la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la citada Anceco. También se trasladará la cuestión al Abogado del Estado, que en este caso defendería los intereses de Hacienda, responsable del Servicio de Defensa de la Competencia. El 13 de abril, el TDC hizo publica una resolución en la que rechazaba el sistema de tarifas de Servired, 4B y Euro 6000, por considerarlo «falto de objetividad, transparencia y lógica económica», al desembocar en unas tasas de intercambio «injustificadas».