El Gobierno amplía la lista de delitos económicos pero con penas leves

El Gobierno pretende ampliar el catálogo de delitos económicos para no quedarse atrás en los nuevos tiempos que corren en esta materia por Europa y, sobre todo, en Estados Unidos. Eso sí, a la hora de elaborar su reforma, que este otoño será uno de los asuntos principales del debate parlamentario tras ser aprobada por el Consejo de Ministros como proyecto de ley a finales de septiembre, el departamento de Justicia, previa consulta con el departamento de Economía y Hacienda, ha optado por situarse entre los países comunitarios con penas más leves para esas conductas. Donde, sin embargo, sí se ha mostrado inflexible es en el aumento prometido por el PSOE para la prescripción de estos delitos, en concreto en los fraudes contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Hasta ahora el plazo para perseguirlos por vía judicial era de cinco años, a contar desde el momento en que cometió el presunto acto ilícito, si bien este período se reducía a cuatro años para el ámbito administrativo. Con la ampliación introducida por el Ejecutivo esos cinco años se duplican y, además, se precisa que el contador de la prescripción se interrumpe y se pone a cero cuando el procedimiento penal se dirige contra el supuesto culpable. Este es uno de los pocos aspectos de la reforma que gusta a empresarios, abogados y asesores fiscales, ya que el Gobierno se ha inclinado por el criterio más garantista del Tribunal Constitucional frente al del Tribunal Supremo al exigir que «se produzca la actuación material sustancial del juez instructor». Por el contrario, la extensión del plazo les «preocupa», por entender que será «contraproducente» al introducir «una inseguridad jurídica mayor, que es el peor enemigo del tejido empresarial». Algunos grupos parlamentarios, como CiU y PNV, ven «ilógico» que se eleve tanto ese período.