Las principales novedades Nace la ley contra la corrupción urbanística sólo con el PP en contra

El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva la nueva Ley de Suelo y fue el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió la norma ante el pleno. El nuevo cuerpo legal «aumenta la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico», afirmó Zapatero. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, subrayó que a partir del próximo 1 de julio, cuando entre en vigor la ley, aumentará el porcentaje mínimo de pisos protegidos y mejorará la transparencia en los ayuntamientos. La que se concibió como una ley para fomentar la vivienda protegida nace, debido a casos como el de Marbella, como el antídoto contra la corrupción urbanística. La mayoría de los elementos dedicados a frenar la especulación se han incorporado a lo largo de la tramitación parlamentaria, fruto de un alto grado de consenso que sólo rompió el Partido Popular, que mostró su «rechazo frontal» al texto final. En su exposición, el presidente del Gobierno aseguró que la Ley de Suelo integra «el legítimo interés particular en el interés general». Tras la votación del proyecto, María Antonia Trujillo explicó que la ley «es para todos los ciudadanos, y no sólo para los propietarios». Zapatero insinuó que la norma servirá para atemperar el encarecimiento de la vivienda. «Con los instrumentos de esta ley tenemos que frenar una espiral de precios desorbitados que se ha vivido en los últimos diez años», afirmó. El presidente hizo especial hincapié en el deber de las administraciones de terminar con la «anomalía» de la gran cantidad de pisos desocupados. Los últimos datos oficiales cifran en tres millones el número de casas vacías en España. La nueva regulación termina con el actual sistema, en el que todo suelo es urbanizable salvo los especialmente protegidos. Un planteamiento que Zapatero criticó por cuanto «acaba siendo el desorden en todo el urbanismo y la mayor tentación para la especulación y las irregularidades». A partir de julio, los terrenos que hayan de expropiarse se valorarán en función de su situación real y no en función de expectativas como la posibilidad de que en el futuro estén cerca de un desarrollo urbano, de una estación de tren o de una carretera. Incompatibilidades En el plano municipal, la ley introduce varias novedades destinadas a aclarar al máximo los procesos urbanísticos y, sobre todo, la participación de los alcaldes y concejales, a quienes se aplicará un régimen de incompatibilidades muy estricto. «Todos los instrumentos se han introducido para que usemos las administraciones a favor de los ciudadanos, preservemos paisajes cuidados, aseguremos honestidad en la gestión y multipliquemos las oportunidades para los jóvenes», concluyó Zapatero. El resto de grupos parlamentarios se felicitaron por la aprobación de la ley pero recordaron que no acabará con los problemas de la vivienda. IU-ICV apuntó que es sólo un primer paso en la lucha contra la «predación del suelo» y el BNG recordó que «no es una barita mágica». PNV y CiU, por su parte, instaron a las Administraciones regionales y locales a «ponerse las pilas» en la aplicación de la norma. Expone, por primera vez, los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de suelo. Fija en el 30% la reserva mínima de suelo residencial para VPO en los nuevos desarrollos. Establece en entre el 5% y el 15% la cantidad de suelo destinado a dotaciones municipales en los nuevos desarrollos. Prohíbe vender o subastar suelos públicos destinados a VPO por encima del valor máximo de repercusión de esos suelos para ese uso. Sometimiento obligatorio a información pública de los planes y convenios urbanísticos antes de su aprobación municipal. Los ayuntamientos deberán publicar en internet y tener a disposición de los vecinos copias en papel de los planes vigentes. Los convenios de planeamiento y las permutas de terreno deberán aprobarse por el pleno de los ayuntamientos. Los concejales y directivos municipales deberán hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas. Si tienen responsabilidad ejecutiva, se les prohibirá la actividad privada en esa materia y término municipal en los dos años siguientes al cese de su actividad en el consistorio. Se deberá identificar y hacer público el nombre de quienes hayan sido propietarios durante los últimos cinco años de los terrenos que se recalifiquen y generen plusvalías. El suelo se valorará por su valor real y no por sus expectativas de revalorización. Sólo se podrá urbanizar el suelo necesario e idóneo para hacer ciudad. Se revisará de forma global el planeamiento si una actuación por sí misma o junto a las aprobadas en los dos últimos años supone un incremento del 20% o más de la población. Los desarrollos urbanísticos se someterán con carácter previo a su aprobación a un examen medioambiental y a otro de sostenibilidad económica.