Las cajas frenan la crisis de liquidez con el apoyo de las administraciones

Las cajas de ahorro han decidido buscar el respaldo de las administraciones públicas para afrontar la crisis de liquidez que padece el sistema financiero internacional, y que ha dejado en el aire algunas operaciones por falta de fondos para sufragarlas. Uno de los métodos elegidos para ello ha sido reverdecer las llamadas cédulas territoriales, que consisten en emisiones de renta fija respaldadas por los créditos que han concedido al Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y, en general, cualquier organismo dependiente de los mismas. A través de ellas, y conforme a las limitaciones legales existentes, podrían captar este año cerca de 10.000 millones de euros. Aunque nacieron en noviembre de 2002, a través de una importante reforma de la Ley Financiera -que creaba, por ejemplo, las cuotas participativas de las cajas- acometida por el entonces ministro de Economía, el popular Rodrigo Rato, en sus cinco primeros años de vida sólo tres cajas se acogieron a ella, y además dos eran las líderes del sector -La Caixa (1.500 millones en septiembre de 2006) y Cajamadrid (1.250 millones en febrero de 2007), secundadas en este caso por Caixa Galicia-. Por el contrario, en poco más de tres meses, de enero hasta ahora, cinco entidades han seguido el mismo camino: Caja General de Canarias (100 millones), Caja Castilla-La Mancha (150 millones), Caja de Ahorros del Mediterráneo (150 millones), Caixa Galicia (110 millones) y Caixa Catalunya (100 millones). A diferencia de lo que ocurre con otros sistemas de captación de fondos, como las titulizaciones o las cédulas hipotecarias, los expertos consideran que las cédulas territoriales tienen un «riesgo cero», lo que les ha valido la máxima calificación (triple A) por parte de las agencias internacionales. Y es que para que dichos créditos resultaran impagos debería quebrar la caja correspondiente y, al mismo tiempo, su cartera de activos tendría que ser insuficiente para afrontar los pagos correspondientes, algo que resulta bastante complicado si se tiene en cuenta que la ley obliga a disponer en balance de 1,43 euros en préstamos al sector público por cada euro que se emite al mercado. Con un respaldo así, no resulta extraño que ese tipo de emisiones sean una opción bastante adecuada para captar recursos de manera puntual -sobre todo, a corto y medio plazo- en etapas de fuertes tensiones de liquidez como la actual.