Isabel Carrasco había mandado colgar su retrato en la galería de presidentes de la Diputación del Palacio de los Guzmanes en el año 2012. El cuadro se colocó el 4 de marzo como si fuera un regalo de cumpleaños, sin dejar hueco para el de su antecesor, Javier García Prieto.

«Me gusta», le dijo al pintor Modesto Llamas cuando vio el resultado. La imagen que quería dejar para la posteridad fue borrada el lunes 12 de mayo de 2014, una tarde soleada y fría, en la pasarela de La Condesa sobre el Bernesga por un charco de sangre.

A las 17.17 horas una mujer la mató a tiros, a sangre fría. Otra contemplaba fríamente la escena. Y una tercera esperaba, disimulando, unas calles arriba. La militante del PP, Montserrat González, apretó el gatillo cinco veces —aunque sólo salieron tres balas— su hija, Triana Martínez, también afiliada al partido y ex trabajadora de la Diputación, recogió el revólver y una agente de la Policía Local, Raquel Gago, lo mantuvo oculto durante treinta horas.

Una víctima y tres ejecutoras. La mujer más poderosa de León acababa sus días envuelta en un macabro suceso con rasgos folletinescos pero «puñeteramente real». Un crimen fuera de lo común con cuatro mujeres y tres policías como protagonistas.

«¡El marido de la asesina es inspector de Policía de Astorga!», exclamaba un joven por el móvil al lado de la pasarela aquella tarde aciaga. En la comisaría astorgana, el inspector marcó el número de un antiguo compañero de promoción en la Academia de Policía.

—«Estoy destrozado. La que me he caído encima, ésto me sobrepasa», confiesa.

—«Ponte a las órdenes de la comisaria jefe», aconseja el amigo.

Pablo Antonio Martínez, un policía de 61 años entonces y hoy ya fallecido, con una «cabeza privilegiada» tiene el semblante entre asustado e incrédulo, pero conserva la mente fría. «La pistola la tengo conmigo», se apresura a decir a la alcaldesa de Astorga cuando Victorina Alonso llega a la Comisaría.

Mucha gente se hace preguntas sobre el papel del padre y esposo que en dos años de preparación del crimen parece que no ha tenido ni la más mínima sospecha de los planes de Montserrat y Triana, ni sobre sus movimientos en los bajos fondos de Gijón donde, según las pesquisas policiales, compraron el revólver a un toxicómano.

En la ciudad portuaria asturiana la familia vivió 20 años y el inspector estuvo al frente de la brigada judicial y de la unidad de estupefacientes. Amigos y compañeros le defendieron y definieron como un «buen profesional y buen policía» y aún más, como «un buenazo, muy querido por los compañeros».

«Pablo es una víctima más, no es corporativismo», afirmaba entonces el criminólogo y policía Ricardo Magaz. Le conoce por su origen, es natural de Santa Marina del Rey, y coincidió con él en Asturias.

La conjura de tres mujeres corrientes para matar a tiros a Isabel Carrasco, la mujer más poderosa de León, y la presencia de dos policías en el escenario y el entorno familiar dieron al crimen tintes espeluznantes. Mataron las que menos matan habitualmente, las mujeres, y además eran mujeres vinculadas a los cuerpos que tienen encomendada defender la ley y proteger la vida humana.

El magnicidio sacudía el corazón político y social de León, una capital de provincias castigada por la crisis y demasiado tranquila, y salpicaba a Astorga, destino profesional de Pablo Antonio Martínez en los últimos diez años. El único que se arraigó y estableció en Astorga.

La ‘guerra’ abierta entre Isabel Carrasco y Triana Martínez era vox populi en el PP. A un compañero que lo fue también en la Diputación se lo encontró una noche en la calle Ancha y le dijo: «Estoy en pleitos, me tiene perseguida». En León a miles de jóvenes sobradamente preparados les perseguía el paro y salían, y salen, en busca de una oportunidad mientras Triana Martínez y Montserrat González viajaban en un biplaza de lujo.

La extrabajadora de la Diputación recurrió al abogado Francisco Javier Solana para defender sus intereses cuando en octubre de 2011 la presidenta dio orden de reclamar el complemento de exclusividad de los cuatro años que trabajó en la casa: 11.046,78 euros. La joven ganó el pleito en 2012. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de León señala que el cobro del complemento fue un error de la Diputación que, al reiterarse en el tiempo, se convirtió en un acto «declarativo de derechos». «Actualmente, Triana Martínez no debe nada a la Diputación», asegura el letrado experto en derecho administrativo.

En febrero de 2013, la junta de Gobierno aprueba un decreto de la presidenta para ir a un procedimiento de declaración de lesividad y el 28 de junio tiene que declarar lesivos los decretos de la presidencia que aprobaron las nóminas bajo el argumento de que «perjudican el interés provincial». Finalmente, la Diputación reclama a la ex trabajadora la cantidad de 6.583,80 euros pues el resto de las cantidades ya han prescrito.

Lo que para Isabel Carrasco era defender el «interés provincial», para Montserrat González y su hija se convirtió en una «persecución». Se desató una guerra de poder. «En este país hay dos millones y medio de militantes del PP y del PSOE que por el hecho de pertenecer a un partido en el poder se creen con el derecho a tener privilegios a la hora de optar a puestos de trabajo», afirmó el ya fallecido diputado provincial no adscrito, Matías Llorente.

Triana Martínez entró en la Diputación gracias a una influencia y no estaba dispuesta a admitir que había sido derrotada en un concurso para acceder a la plaza fija. La jefa del servicio para el que trabajaba, Rosa Larráinzar, se apartó del tribunal alegando amistad con la trabajadora y se incorporó a su puesto de suplente una mujer de confianza de Carrasco, Isabel Fernández, quien fue candidata del PP a las elecciones municipales del 2007 en San Andrés y está en la ejecutiva provincial como vicesecretaria de Políticas Sectoriales.

«Yo a la gente le digo las cosas a la cara y en vida y, lamentablemente, todo lo que denuncié empieza a salir ahora», dijo con pesar y consciente de que «si no se hubiera descubierto desde el primer momento que eran de los suyos yo tendría que estar escondido», por las críticas que ha hecho. Ya le intentaron ‘salpicar’ cuando la casa del presidente del PSOE y diputado provincial Luis Rodríguez Aller en Pajares de los Oteros fue pasto de las llamas.

Matías Llorente había preguntado en un pleno por qué había un guarda de seguridad en la puerta del despacho de la presidenta de la Diputación. «Quería saber si existía algún tipo de amenaza, para saber si era como presidenta del PP o como presidenta de la Diputación porque implicaba un gesto a mayores. No me contestaron», añadió cuando fue preguntado en aquel momento.

Poco después fue llamado al despacho del vicepresidente y sucesos de Carrasco, Marcos Martínez, y le pidió que «no volviera a preguntar , existe algún problema de seguridad». Ante lo cual el diputado, asegura, dijo que no tenía nada que decir. Llorente siempre lamentó que «en todo este tiempo nadie haya dicho una palabra».

También asociaba a estos temores el «cambio de comportamiento» de la presidenta hacia una posición de «mayor consenso» en la Diputación, si bien es cierto que en la etapa de Carrasco uno de sus éxitos fue lograr aprobar los presupuestos por unanimidad. «No hay oposición», decían trabajadores que se habían sentido amenazados, sometidos a las famosas «llamadas de control» de la gente de confianza de Isabel Carrasco y abandonados a la deriva por los diferentes grupos políticos.

El abogado Francisco Solana corroboró que en la era de Isabel Carrasco «ha habido un aumento de la litigiosidad» de funcionarios y trabajadores de la Diputación. Conocía bien los entresijos de la institución puesto que prestó sus servicios en la misma como abogado hasta el año 2007.

A Isabel Carrasco se le reprochaba en la calle que detentara doce puestos de responsabilidad y varios sueldos, aunque ella siempre llevó a gala que «gano menos que algunos de mis diputados y de diputados de la oposición». Ejercía el poder «con mano de hierro» y a sus enemigos no les daba tregua, ya fueran del suyo o de otro partido.

El lunes 12 de mayo a primera hora de la mañana a la presidenta le dieron una mala noticia. El Tribunal Superior de Justicia había anulado los cambios de secretario e interventor en uno de los consorcios de la Diputación. Carrasco quedó para el martes con el alcalde de San Justo, Avelino Vázquez, y vio un informe sobre un problema ambiental de primera magnitud: las balas de basura de Santa María del Páramo, cuyo proyecto de sellado está anulado por el TSJ.

El sistema de ordeno y mando empezaba a dar reveses a la presidenta. Isabel Carrasco fue una niña pizpireta, de carácter fuerte y que, según una amiga de la adolescencia, «cada día de su vida se lo planteaba como un reto para demostrarse a sí misma hasta dónde podía llegar».

En los veranos cuando iba a la finca de su familia: «No paraba, lo mismo se ponía a hacer punto que nos contaba las lecciones del preparador de oposiciones. Eso sí, siempre tenía que ser la protagonista». En el instituto conoció a José Luis Rodríguez, quien se convertiría en su marido y en el padre de su única hija, Loreto Rodríguez Carrasco.

La antigua amiga, que conoce bien a las hermanas, admitía que «de cerca era una persona agradable y podía ser hasta simpática, pero recuerdo que hasta el día de su boda estuvo enfadada». Sacó la oposición de inspectora de Hacienda a pulso y trabajando con José María Aznar quedó «fascinada».

A lo largo de aquella tarde fría, la capital maragata se desvelaría también como el epicentro de la frustrada carrera política de la joven ingeniera de telecomunicaciones. «¡Es Triana!», decía el mensaje que llegó un antiguo militante del PP. Si ya era difícil asimilar que Isabel Carrasco había sido tiroteada en mitad de una pasarela sobre el río, ahora había que encajar que nada es lo que parece: «Esa chica era incapaz», afirmaban quienes la trataron en el despacho que ocupó durante casi cuatro años en el Palacio de los Guzmanes.

Una joven «afable», aunque «introvertida» a quien conocen alcaldes de toda la provincia y de todos los partidos porque realizó los planes de implantación de la TDT desde la Diputación, además de numerosos trabajos particulares para los que fue ‘recomendada’ cuando todavía contaba con el favor de la presidenta.

Triana Martínez realizó los proyectos de telecomunicaciones de los edificios A1 y A2, Universidad y El Portillo, de Viproelco, la inmobiliaria de Caja España en la que Isabel Carrasco era consejera, admite Cecilio Vallejo.

En Valencia de Don Juan hizo el proyecto para la implantación del wi-fi. «Necesitábamos un ingeniero de telecomunicaciones y la llamé a ella porque la conocí de mi etapa en la Diputación. Ha hecho proyectos para media provincia. La conocemos todos», señaló Juan Martínez Majo, en su día alcalde del municipio.

Dependía directamente del entonces vicepresidente 1º de la Diputación Cipriano Elías Martínez. Más concretamente, del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y Cooperación al que fue adscrita la plaza cuando se creó el 26 de diciembre de 2006 siendo presidente de la institución provincial Javier García-Prieto.

La ingeniera tomó posesión del puesto el 7 de julio de 2007. Once días después, el 18 de julio, Isabel Carrasco tomó el bastón de mando de la Diputación. Triana Martínez se convertía en una herencia que Isabel Carrasco asumió hasta que se hizo con las riendas del poder interno. Al final de este su primer mandato, las diferencias con el antaño todopoderoso Pano eran más que evidentes.

«Fue anecdótico que yo firmara aquella convocatoria, todo el mundo sabe quién toma las decisiones», afirma el diputado en una información publicada el 2 de abril de 2011 sobre la anulación de las oposiciones de 40 auxiliares por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León (La presidenta ganó el pleito en el TSJ en 2013).

La tensión era mayúscula. El 27 de marzo de 2011, Carrasco firmó el decreto para que el puesto de ingeniero de Telecomunicaciones quedara afectado a Presidencia y Servicios Generales como servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación fue aprobada por el Pleno y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia lleva la rúbrica del entonces diputado Marcos Martínez Barazón, por delegación de la firma de la presidenta.

El alcalde de Cuadros, que dio cobijo a Isabel Carrasco en la candidatura de su municipio para poder optar a la presidencia, era ya su hombre de confianza. Triana Martínez «cometió el error de decantarse a favor de Toño (Antonio Silván) y Javier García-Prieto» y en marzo de 2011 tenía los días contados en su despacho del Palacio de los Guzmanes. Aún guardó la esperanza de sacar el puesto en propiedad.

Aparentemente, sufrió los daños colaterales de las luchas internas de poder y de la contestación ‘crítica’ a la presidenta del PP, pero lo cierto es que la joven militante consiguió el puesto de trabajo por «una recomendación de arriba», confiesa un cargo público de los populares.

En la primavera de 2011 se celebra el concurso para el puesto de funcionario y Triana no supera el test de conocimientos. De 33 aspirantes sólo uno, Javier Casado Marcos, pasa la primera prueba y finalmente se adjudica la plaza. Luego pide excedencia y la plaza es amortizada.

En marzo dimite el concejal Andrés Mures en Astorga y ella, como número 7 de la lista, era la llamada a ocupar el puesto. Pero su acta de concejala, misteriosamente, no llegó y las elecciones municipales se echaron encima. El cabeza de lista de Astorga por el PP, Jacinto Bardal, aseguró que «sí se pidió y no sé por qué no llegó».

Tampoco iba a ir en la candidatura para las elecciones del 2011. «Se lo comuniqué en la cafetería Gaudí, le dije que por su trabajo había estado alejada de la ciudad y yo necesitaba gente con compromiso. Nadie me dio instrucciones», aseguró Bardal.

El asesinato de Isabel Carrasco se llevaba fraguando no menos de dos años. Consta a la investigación que al menos seis meses antes ya se habían iniciado las búsquedas en Internet de revólveres y que Triana estaba siendo especialmente activa en este campo. Buscaba de forma primordial tipos de armas y precios, primero en el mercado 'más o menos oficial' y posteriormente en el mercado negro.

Los peritos informáticos que investigaron los ordenadores destaparon contradicciones documentales entre la versión de madre e hija y el rastro informático de sus equipos. Montserrat esgrimió la tesis de que el arma se había comprado en Gijón a un delincuente de nombre Armando, con el que se reunieron el diciembre de 2012. Pero la realidad es que en el año 2013 ya aparecieron búsquedas en Google con las frases "comprar revólver online", "dónde comprar pistola con silenciador en España", "compra de revólver Taurus" o "borrar número de serie". Estas búsquedas son del mes de agosto de 2013, ocho meses después de la supuesta compra del arma y nueve meses antes de que se cometiera el magnicidio.

Hubo dos motivos fundamentales a tenor de lo que deparó la investigación. De una parte, medió la cuestión profesional. Triana había sido contratada como asesora de telecomunicaciones para la Diputación Provincial y aspiraba a quedarse con una plaza en propiedad para la que no había hecho planes Carrasco, molesta con la actitud de madre e hija que realizaron una intensa labor de medra empeñzadas en conseguir las preguntas del examen de oposición convocado a tal efecto y en el que finalmente el acreedor de la plaza fue un burgalés que poco después terminó rechazando al puesto. De otra parte se destapó el móvil político. Triana aspiraba a formar parte de las listas electorales del PP por Astorga en las listas municipales y Carrasco se negó de forma reiterada a sus pretensiones.

Todo ello generó un caldo de cultivo letal para las dos mujeres. La madre se enervó ante el estado de salud que la situación generó en su hija, que por otra parte entró en bucle (según quienes trataban con ellas) desquiciada constantemente con su amargura por la falta de éxito de sus propuestas profesionales y políticas.

Así que el asunto se fue complicando y llegó un punto en el que se pusieron en marcha mecanismos de preparación. Al margen del tema del arma, madre e hija decidieron realizar seguimientos a la víctima. El tráfico de llamadas registrado en los números de teléfono de las tres acusadas y la fallecida deparó coincidencias en el espacio y en el tiempo bastante notables. El estudio comprendió el periodo que va desde los días 15 de abril al 11 de mayo de 2014 y concluyó que en doce de esos (15, 16, 17, 25, 28, 29 y 30 de abril y del 1, 2, 5, 7 y 9 de mayo, además del propio día del crimen) y a diferentes horas del día (también después de medianoche) hubo mucha proximidad.

No obstante, el estudio no reflejó que Gago se limitaba a cumplir las patrullas en la jurisdicción que le correspondía y que en muchos de los casos, si iba cerca de la presidenta era porque había procesiones de Semana Santa y tanto la agente por su tarea como la fallecida por cuestiones de protocolo, tenían que estar cerca.

Para añadir más interrogantes a esta cuestión, queda sobre la mesa la tesis de que en algún momento pudieran plantearse la posibilidad de encargar el crimen a una tercera persona. Lo avala el hecho de que en el domicilio en el que residían madre e hija se encontrase abundante documentación fotográfica con retratos de dirigentes del PP en León y de personalidades de la esfera política leonesa. Si madre e hija conocían perfectamente a esas personas ¿qué necesidad había de imprimir sus fotos?

Los expertos aseguraron entonces que la elección del arma que acabó con la vida de Isabel Carrasco no fue baladí. De hecho, las asesinas dedicaron tiempo a la búsqueda antes de dar exactamente con lo que querían en un trabajo de campo tan minucioso como el propio crimen.

El rastro fue fácil de seguir por la policía. Triana y Montserrat, a pesar de la eficiencia con la que trazaron el plan tan meticuloso fue que el propio fiscal, Emilio Fernández, llegó a decir que había sicarios que no remataban tan bien su trabajo no fueron demasiado cuidadosas en las pesquisas realizadas. Se olvidaron de poner cortafuegos y bucearon en la web a tumba abierta con el fin de que la pistola cumpliera con las expectativas con las que tanto ella como su madre habían hilvanado el magnicidio.

Un revolver Taurus H. 32 Magnum fue el cañón elegido para acabar con la vida de Isabel Carrasco: rápida, sorpresiva y de calado porque utiliza un calibre que provoca heridas profundas, tanto que la suerte de la víctima estaba echada de antemano.

Eligieron el mismo arma con la que los etarras pusieron fin al maratón criminal de Miguel Ángel Blanco en 1997 y pagaron por él alrededor de 2.000 euros.

No era sencillo encontrar la pistola. Al menos, no para un par de mujeres que, a pesar de haber convivido con un inspector de policía, desconocían el mundo del hampa en el que se compra y vende el material necesario para efectuar un 'trabajo' de esas características, dos mujeres que, aparentemente habían sido ajenas al mundo de la criminalidad hasta ese momento pero que se comportaron con la frialdad de dos profesionales de la delincuencia.

Los asturianos conocen bien el bar Armandín. Y no por nada bueno. Un año antes del asesinato de Carrasco, el hombre que les vendió el arma aparecía muerto en este local. Armando García Oliva tenía 52 años cuando hallaron su cuerpo en estado de descomposición en este lugar de Gijón, objeto de conflicto vecinal desde su apertura. Allí vendía hachís y allí violó a una joven después de sedarla.

Eso que se sepa. «Aquí vino muchas veces la Policía porque era un bar poco recomendable, siempre se dijo que vendía droga y lo peor de todo es que está al lado del instituto Padre Feijoo», lamentaba un vecino de la zona.

Sin embargo, madre e hija viajaron hasta ese centro del lumpen en varias ocasiones para concretar la compraventa del revólver. Ni miedo, ni escrúpulos. Les movía solo un objetivo: el blanco de una venganza que ni siquiera el temor a la propia supervivencia atemperó.

Que la pistola había sido protagonista en más escenarios del crimen no fue difícil de descubrir. La policía estudió con posterioridad las balas extraídas del cuerpo de la presidenta de la Diputación para esclarecer delitos archivados, escenarios que seguían abiertos, en busca de autor.

El arma se encontraba en buen estado de conservación y presentaba su numeración de serie troquelado en uno de los laterales por lo que sus vidas de muerte anteriores fueron difíciles de trazar.

En el piso de Triana se encontró una gran cantidad de munición, fabricada en Italia, con la que Montserrat debió realizar las prácticas que le dieron la precisión necesaria para no fallar. Fueron cuatro las balas que, casi a quemarropa, reventaron el cuerpo de la víctima, balas de plomo desnudo del calibre 32 Smith & Wesson, pero la intención fue que saliera una quinta. No era necesaria porque el primer disparo ya había sido mortal. A las otras dos las propulsó la ira. Le sobraron tres.

Triana Martínez pasó del amor al odio con Isabel Carrasco. Trabajó en la Diputación de León de enero de 2007 a mayo de 2011 de forma interina. Accedió a través de una bolsa de empleo temporal, tras obtener la mayor puntuación entre los candidatos. Ella aspiraba a quedarse de forma definitiva en la plaza de ingeniero de telecomunicaciones.

Pero no ganó el concurso-oposición y fue cesada. Por si fuera poco, la institución provincial demandó a Triana por el cobro de cantidades indebidas; en concreto, 12.000 euros por el complemento de dedicación exclusiva que estuvo cobrando desde 2007 a la vez que realizaba trabajos de encargos externos a la Diputación. Despojada de su anhelada plaza y con la institución reclamándole el dinero percibido indebidamente, Triana pasó apuros económicos, deribados de las costas del proceso. La vivienda que ocupaba con su madre, Montserrat, en Padre Isla, corrió serio peligro de ser subastada judicialmente.

Meses después del asesinato de la presidenta de la Diputación, el Tribunal Superior de Castilla y León daba la razón a la joven, que no tuvo que devolver ninguna cantidad por un empleo que fue el detonante de su odio hacia Carrasco.

Triana quiso incorporar al juicio por el crimen de la política del PP documentos que, desde su punto de vista, probarían la situación de acoso laboral a la que fue sometida, supuestamente, por parte de la víctima. “Lo normal es que cuando no consigues un puesto al que aspiras, tengas un disgusto, pero tampoco diferente al del resto de los trabajadores ni de semejantes proporciones”, afirmó un día después de la muerte de la presidenta de la Diputación el vicepresidente y sustituto de Carrasco en el cargo, Marcos Martínez Barazón.

“Aquí seguimos una relación jerárquica”, dijo entonces. “Despachamos con los jefes de servicio y éstos transmiten las instrucciones a sus funcionarios o laborales”.

Triana Martínez alegaba además que había sido objeto de varias inspecciones de la Agencia Tributaria, en su opinión, orquestadas por Carrasco, como antigua inspectora de Hacienda. Carrasco también, según ella, habría dinamitado su carrera política y sus intentos por acceder al escaño de concejala que le correspondía por orden de lista en el Ayuntamiento de Astorga, tras la dimisión de uno de los concejales del PP.

El crimen de Isabel Carrasco convirtió las redes sociales en un basurero y tuvo que intervenir el Gobierno, que amenazó con una nueva regulación para reforzar este asunto en el Código Penal si continuaban las vejaciones, los insultos y las ofensas que algunos vertieron en internet, en las trincheras de una computadora, nada más conocerse que habían matado a balazos a la presidenta de la Diputación.

Es cierto que hubo, también, cientos de mensajes de condolencias que cabalgaban por internet entre las sombras de quienes usan las redes sociales como espejo de su rabia. Ese lado oscuro tuvo esos días mucha repercusión y estuvo cerca de cambiar para siempre una legislación que ya protege a las víctimas de esos comentarios, aunque no siempre es fácil saber quién está del otro lado.

Los insultos, la apología del asesinato y los comentarios mucho más que desafortunados que hicieron algunos políticos durante los días posteriores al crimen indignaron al Partido Popular, que entonces estaba en el gobierno. Fue el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ordenó a la policía que investigara esas ofensas hacia Isabel Carrasco. "Hay que limpiar las redes sociales de indeseables", defendió.

Cuando hizo estas declaraciones, los comentarios en la red ya le habían costado el cargo a dos concejalas del PSOE en Pontevedra. Una edil de Villagarcía escribió en Facebook: 'Quien siembra vientos recoge tempestades'. En Meis, otra representante pública subió a su perfil 'Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar. Tiembla Louzán', en alusión al presidente de la Diputación de Pontevedra.

Mucho más grave fue lo que publicó un tuitero berciano que acabó detenido por apología del asesinato tras subir a la red comentarios como 'Sólo espero que Isabel Carrasco sea la primera' o 'Yo voto porque el próximo tiroteo sea para la alcaldesa de Villablino'.

Este joven de 20 años, estudiante de informática, pidió disculpas y aseguró que solo era un "chaval en paro" que se "dejó llevar por la rabia" y que no tenía intención de matar a nadie "ni animar a nadie que lo haga'. Dijo que no era consciente de la repercusión que podían tener sus palabras y que en ningún paso pensó que podrían conducirle a un juicio penal.

Otro joven de Valencia siguió su mismo camino y también acabó en los calabozos por escribir cosas como 'así se hace', en alusión al asesinato de la presidenta de la Diputación.

También aparecieron pintadas ofensivas en distintos puntos de la capital leonesa. Mensajes cargados de odio que abrieron entonces un debate entre los profesionales de la Justicia sobre la idoneidad o no de cambiar las leyes para perseguir este tipo de delitos.

Todos coincidieron en que el Código Penal ya responde a este tipo de delitos de forma clara. 10 años después casi nada ha cambiado en las redes sociales, llenas, cada día, de amenazas, insultos y provocaciones. Todo sigue igual. Incluso el debate.

Un kilo de marihuana para "uso terapéutico" con la que aliviar un dolor de espalda que no soportaba la autora confesa del crimen de Isabel Carrasco, Montserrat. Más de 600 gramos de cogollos en la casa de su hija Triana y donde la policía encontró la sustancia prohibida cuando procedieron a registrar la vivienda para aclarar el asesinato de la presidenta de la Diputación.

Ninguna de las dos acusadas, ahora condenadas, respondió en aquel momento a ni una sola pregunta de la instructora durante la visita exprés que realizaron al juzgado para testificar por un delito contra la salud pública en una pieza separada a la que se instruía por el crimen de la política del Partido Popular, del que ahora se cumplen 10 años, con Montserrat y Triana aún entre rejas.

Sólo abrió la boca la madre y lo hizo ante los requerimientos de su abogado. La autora de los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco sostuvo que la marihuana encontrada en la casa la misma noche del crimen era suya y que la había adquirido tras la recomendación de un amigo para calmar sus dolores de espalda. Después se supo que tenían una plantación propia y que les gustaba hacerse fotos con las plantas como fondo.

Montserrat defendió en sede judicial que la cantidad hallada en el registro -algo más de medio kilo- era lo que le quedaba de un kilo que había adquirido tiempo atrás porque se fumaba un porro habitualmente pero -dijo- hacía cuatro o cinco meses que lo había dejado porque habían desaparecido las molestias. El valor de la droga incautada puede alcanzar los 2.500 euros.

En un primer momento, la jueza que practicó las diligencias previas tiró por tierra la versión de madre e hija y ordenó investigar este asunto como un presunto delito de tráfico de drogas, que nada tenía que ver, según la magistrada, con el asesinato de Isabel Carrasco a plena luz del día.

Un par de años después, la sección tercera de la Audiencia Provincial consideró que los 620 gramos de marihuana aprehendidos en el domicilio de Triana Martínez "no estaban destinados al tráfico". Esta resolución revocó la sentencia de Penal 1 que había impuesto a madre e hija una condena de año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública. No encontraron balanzas, ni bolsas, ni precintos, ni otros utensilios que sí usan los traficantes.

Montserrat y Triana se libraron de la condena por tener más de medio kilo de marihuana en su poder pero no pudieron evitar la cárcel como autoras de la muerte de Isabel Carrasco. 22 años de prisión para la madre, que apretó el gatillo, y 20 para su hija como cooperadora necesaria. Llevan diez años entre rejas a la espera de algún beneficio penitenciario.

11 jurados para un veredicto. 21 hombres y 16 mujeres fueron preseleccionados en León para tal misión. ¿Quién puede matar a Isabel Carrasco? El jurado lo tuvo claro. Fueron ellas. Pocos sucesos, en este caso asesinato y atentado como agravante, han tenido tantos ingredientes para que hasta el relato técnico sea igual de jugoso.

Un jurado leonés fue el encargado de emitir un veredicto sobre el crimen del siglo en León: la muerte de Isabel Carrasco a manos de Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago. Una madre y una hija, y una amiga policía local, ante el veredicto de unos ciudadanos. La unanimidad fue la nota dominante con respecto a las dos familiares.

No así, respecto a la agente Raquel Gago, cuya aparente rocambolesca implicación despisto a más de uno. No obstante, la pasarela sobre el río Bernesga y la muerte de Isabel Carrasco unió para siempre a la tres condenadas a la crónica negra de León.

Culpables de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas a Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago, por entender que fueron parte de un mismo plan concertado para acabar con la vida de Isabel Carrasco en mayo de 2014.


El veredicto del jurado popular, conocido el 20 de febrero de 2016, consistió en un acuerdo por unanimidad respecto a la madre y la hija y amplia mayoría sobre Raquel Gago, agente de la Policía Local leonesa.

La decisión del jurado popular supuso que el Ministerio Fiscal pidiera al respecto una pena de 22 años de prisión para Montserrat González y Triana Martínez y de hasta 15 años para Gago. Acusaciones particular y popular estaban de acuerdo. Y se consideró que las tres mujeres habían participado de un plan inconfesable: matar a Isabel Carrasco.

Con más precisión, el veredicto tuvo el apoyo de al menos siete de los nueve miembros del jurado en lo que respecta a la madre y la hija. Como ya se intuía por aquellas fechas, las cuestiones relativas a Raquel Gago no tuvieron esa contundencia.

Aquel juicio tuvo todos los ingredientes de impacto social y mediático, por lo que los detalles sobre la actitud de las acusadas, las circunstancias del asesinato y la historia anterior de su relación con Isabel Carrasco estuvieron muy presentes tanto en el desarrollo del juicio como en la opinión pública en general, que siguió todas las peripecias del suceso y su juicio no solo a nivel local, sino nacional e internacional.

Así, las crónicas contaban la impasibilidad constante de Montserrat González, la inquietud de Raquel Gago o la actitud de Triana, considerada por su relación y trato con Isabel Carrasco la detonante de todo lo que ocurrió ahora hace diez años.

El jurado dio valor al hecho de que Montserrat mató a Carrasco «por el odio que sentía». También que las heridas causaron a la víctima la muerte de forma inmediata y que la autora de los disparos llevaba ropa que le servía para ocultar su identidad. Este apartado, aceptado también por unanimidad, resultaba fundamental para considerar que la autora confesa del crimen incurrió en una agravante de disfraz que, por extensión, se añade a las otras tres procesadas. Según el Ministerio Público, sólo se disfrazó una pero las tres se favorecieron de ello para un plan que era conjunto.

Unánime fue también la consideración del jurado de que (con base real o no) Montserrat tenía la firme creencia de que Triana era objeto de una persecución injusta a cargo de Carrasco. La mató a sabiendas de que era la presidenta de la Diputación, con lo cual estaba terminando con la vida de una autoridad —de ahí la agravante de atentado— y usando un arma de fuego para cuya utilización no tenía armas, circunstancia que corrobora que su tenencia era ilícita.

Disponía también de una pistola semi automática y al revólver se le había borrado el número de serie. Fue unánime el jurado en considerar que la hija formó parte del plan de seguimientos a la víctima que se le había atribuido a la madre y que estaba en el pasadizo de la calle Colón la tarde del crimen cuando su madre le entregó el arma para que se deshiciese de ella después de introducirla en el bolso. No hubo fisuras en el jurado en la interpretación de lo que ocurrió después. Madre e hija se separaron en direcciones distintas pero quedaron en encontrarse para huir en el deportivo de Triana. No lo consiguieron porque agentes de la Policía Local las detuvieron.

Para el jurado, resultó unánime la tesis de que la participación de Triana resultó imprescindible porque Carrasco había tomado determinadas decisiones en el ejercicio de sus funciones que le habían perjudicado.

Para la elección del jurado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León citó a 21 hombres y 16 mujeres, vecinos de la provincia de León. Los seleccionados tenían que emitir un veredicto al respecto del asesinato de Isabel Carrasco, por el que el Ministerio Fiscal pedía una pena de 22 años de prisión para cada una de ellas. Sobre las 1.000 personas elegidas por la Audiencia en 2015 se designaron a las 37 precandidatas, Los 11 elegidos definitivos cobraron algo más de 1.100 euros.

Transcurrida una década del crimen que conmocionó León y que se convirtió junto con el incendio en la Catedral en el suceso más importante de la historia del León moderno, el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial de León cumple este domingo el hito que marca la mitad de la condena de veinte años de prisión para Triana Martínez, la hija de Montserrat Fernández, autora material de los tres disparos que acabaron con la vida de la célebre líder del Partido Popular en León.

La madre alcanza el ecuador de su condena de veintidós años justo dentro de doce meses y en la recta final se encuentra Raquel Gago, que ya disfruta de un régimen de semilibertad tras serle impuesta una pena de quince y medio y haber cubierto ya más de las dos terceras partes.

El elenco de personajes que protagonizaron aquella trama han modificado su status de forma notable en todo este tiempo. El relato se ha convertido en un clásico de la crónica de la vida leonesa actual.

La tarde del 12 de mayo de 2014, a las 17.17 horas, Carrasco fue tiroteada por la espalda en el puente sobre el Bernesga cerrcano a la sede del PP en la capital, a la que se dirigía para desplazarse posteriormente a Valladolid para estar presente en un acto electoral de Mariano Rajoy. Una trama de venganza, inquina y ciertos delirios acabó con la vida de la presidenta. Lo hicieron la esposa del entonces comisario en funciones de Astorga, la hija de la autora material que tenía aspiraciones en política y una policía local de León.

Montserrat Fernández segó la vida de la poliédrica política leonesa, supuestamente por el trato que le estaba inflingiendo a su hija, contratada como experta en telecomunicaciones para el gobierno provincial.

La esposa del inspector jefe de la Policía Nacional que estaba al mando de la Comisaría de Astorga, entendió que la única forma de poner fin al sufrimiento de su hija era acabar con su vida y así se hizo con un arma en el mercado negro de Gijón y tras practicar varios seguimientos a la víctima, ejecutó su plan aquella tarde.
Después de una serie de episodios en Villahierro que probaron su falta de adaptación a la vida penitenciaria, fue trasladada a Villanubla (Valladolid), donde tampoco se recondujo su comportamiento y finalmente se decidió su reclusión en Villabona (Asturias).

Allí ha pasado a un segundo plano más discreto y ha cesado en la postura beligerante, aunque sigue manteniendo que el juicio no reveló la verdad de lo sucedido. Sostiene que a pesar de todo, cumplió con lo que debía como madre “porque antes que la vida de mi hija, prefiero que se haya perdido la de ella”, dijo en una de sus últimas visitas a una de sus amistades directas.

Ha perdido relación, especialmente con su familia política, donde se han producido una serie de diferencias que han distanciado a las partes.

Triana Martínez insiste en su lucha por conseguir los permisos penitenciarios que hasta ahora se le han denegado constantemente. Ni ella ni su madre han respondido a las dos últimas propuestas de este periódico para explicarse en torno al caso.

Rechaza que pretendiera hacer carrera política en el Ayuntamiento de Astorga, donde la negativa de la presidenta a incluirla en las listas electorales detonó la relación que ya se había vuelto tensa por aquel entonces.

Está demostrado que alcanzó un notable grado de convicción para hacer ver a su madre que era víctima de Carrasco y problemas de salud que llegaron a afectar gravemente a su persona complicaron la percepción que la progenitora tenía del asunto.

Sigue especialmente activa en Asturias, En 2021 acumulaba ya 23 sanciones, diez más que su madre. Podrá empezar a disfrutar de los permisos en 2029. Trabaja en la actualidad en la biblioteca de la penitenciaría. También parece haber adoptado la vía de la calma, ya sin tantos conflictos.

Raquel Gago se alejó de León y ya instalada en Madrid, muy cercana a su hermano, trata de alejarse de los focos, aunque a veces acude a eventos familiares con mucha discreción.

Ha decidido hacer punto y aparte con el caso, del que sigue considerándose una víctima.

Ha tenido cambios físicos importantes en este tiempo, aunque las cuestiones de salud han ido mejorando con el tiempo.

Es el gran enigma del caso y los estudiosos del asunto se dividen entre quienes consideran que fue utilizada sin su consentimiento para ejercer un papel indirecto en el plan y quienes están convencidos de que estaba al tanto de los movimientos y se prestó a forma parte del guión.

La distancia que ha tomado con respecto a las otras dos condenadas invita a pensar que la verdad está más cerca de la primera hipótesis.

A estos nombres se añadieron muchos otros con el paso de los días. Pedro Mielgo fue el policía jubilado que permitió esclarecer el caso. De su mano, la identificación de la principal acusada fue posible y sostenida con una prueba de cargo con peso: siguió a la autora material de los disparos y reconoció su calzado fruto de la formación recibida y de la deformación profesional que le hacía instintivamente realizar este tipo de rutinas.

Sorprendió su forma de proceder en el juicio cuando negó que la voz que aparecía en la grabación del 112 emitida en la vista oral fuera suya. Con su sorprendente negativa restó valor a la tesis de la defensa de madre e hija que sostenía que había perdido de vista a la asesina durante más tiempo del que había asegurado en sede policial y judicial en su primer testimonio.

Emilio Fernández era el fiscal jefe de León en el momento de los hechos. En la recta final de su carrera se enfrentó a dos casos especialmente mediáticos, este crimen y el de la peregrina Denisse Pika Thiem en Astorga.
Desempeñó un papel especialmente firme en sus postulados y poco después fue ascendido a Teniente Fiscal de Castilla y León, puesto en el que acabó su carrera. Actualmente está retirado de la vida judicial y dedica parte de su ocio y tiempo libre a la Montaña Oriental.

Esquiva en la medida de las posibilidades las apariciones públicas y ha optado por no pronunciarse en torno a este asunto desde que lo hiciera para un trabajo audiovisual en el que expresó con absoluta sinceridad que a las autoras de los hechos “el plan estuvo muy cerca de salirles bien”.

Carlos Álvarez era el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que se encargó de presidir el Tribunal del Jurado que se hizo cargo del veredicto. Resultó especialmente polémica su interpretación de los hechos probados que se referían a Raquel Gago, a la que condenó en principio a cinco años de prisión, corregida luego por el TSJCyL a 12 años y por el Tribunal Supremo a 14 más otro año y medio por tenencia ilícita de armas.

Como el fiscal jefe, ascendió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desde donde se presentó como candidato a la presidencia del Alto Tribunal.

Fermín Guerrero era el abogado de Raquel Gago. Suyo fue el episodio más hilarante de todo el caso. Desapareció una mañana en la que su función era crucial para el desarrollo del juicio en lo tocante a su cliente. La superchería popular generó una leyenda de lo sucedido y la noche anterior testigos supuestamente presenciales llegaron a ubicarlo a la misma hora en hasta tres locales de alterne diferentes de la provincia.

La realidad es que fue víctima de una dolencia de salud que lo dejó indispuesto durante varias horas. La familia de Gago quedó muy descontenta con su trabajo y terminó prescindiendo de sus servicios. Tuvo varios casos mediáticos más a posteriori en la zona de Levante. Llegó a cruzar querellas contra el entonces fiscal jefe de León, aunque las dos actuaciones acabaron en nada.

Beatriz Llamas era la abogada que defendía los intereses de la hija de Isabel Carrasco. El caso catapultó su actividad de corte penal, pese a que su despacho comprende numerosas ramas del derecho. Suyas son defensas de importante calado como las del crimen de Paula o el de la calle Obispo Almarcha. Mantiene una intensa actividad después de haber encarnado los ataques más feroces contra Raquel Gago

Ricardo Gavilanes era el decano de los abogados en la etapa de los hechos. Encarnó la acusación particular para el Partido Popular y pese a que tuvo un papel secundario en la celebración del la vista, se le considera una parte fundamental de la resolución judicial del asunto en virtud de su alegato final, preparado previamente para la escenificación en compañía de sus hijos, que se entiende que resultó crucial en la determinación del jurado popular.