Imputan a Villepin por cómplice en la trama para difamar a Sarkozy El Pentágono califica de «prioridad» la retirada de las tropas de IrakLos padres de un ex combatiente en Irak denuncia al ejecutivo deBush Bush califica de «alianza estratégica» el pacto d

Sin sorpresa, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin fue imputado ayer por «complicidad en denuncia calumniosa» por una presunta maquinación política contra el actual presidente, Nicolas Sarkozy. «En ningún momento pedí investigar a personalidades políticas. En ningún momento participé en ninguna maniobra política», subrayó Villepin en la puerta de la sección financiera del Palacio de Justicia de París. Apenas cincuenta minutos pasó Villepin ante los magistrados instructores del llamado caso Clearstream, muy lejos de las diecisiete horas que duró su primera comparecencia ante los jueces Jean-Marie d'Huy y Henri Pons en diciembre de 2006. La diferencia estriba en que entonces compareció como simple testigo y respondió a todas sus preguntas, mientras que hoy fue con el paraguas de «testigo asistido» por dos abogados, y pidió y obtuvo de los jueces un aplazamiento para estudiar el voluminoso sumario, que ha acumulado veintiséis tomos en sus tres años de existencia. Villepin encausado además por «receptación de robo y de abuso de confianza», así como por «complicidad de uso de falsificación de documentos», se convierte en el primer político encausado en esa antigua trama para tratar presuntamente de cerrar el paso al Elíseo a Sarkozy, lo que da a este sumario un giro de asunto de Estado. Deber como ministro Los jueces le han prohibido que se encuentre con el ex presidente francés Jacques Chirac o con los otros protagonistas de este asunto. En el control judicial que le han impuesto, y que el ex primer ministro ha recurrido, figura además una fianza de 200.000 euros, pero no incluye medidas coercitivas en cuanto a sus movimientos, por lo que podrá viajar sin cortapisas, según fuentes judiciales. El que fuera jefe del Ejecutivo francés desde principios de junio de 2005 hasta el 17 de mayo pasado insistió ayer en que cuando encargó investigar en 2004 los listados de Clearstream lo hizo «estrictamente en el marco» de su «deber como ministro», para «hacer frente a amenazas internacionales» que podían afectar a «intereses económicos» galos. Esos listados de cuentas corrientes de políticos e industriales franceses en el extranjero, que luego se demostró que habían sido falsificados, hacían sospechar casos de corrupción al margen de una venta de seis fragatas francesas a Taiwán en 1991. Con gesto grave, Villepin concluyó su breve declaración afirmando que esas acusaciones son «dolorosas para mí y para mi familia». Pero, como buen admirador de Napoleón que es, afirmó: «lucharé para que durante la instrucción la verdad pueda, por fin, aparecer y responderé naturalmente al conjunto de cuestiones que me sean planteadas» una vez que haya estudiado el dossier. Luego recuperó su habitual sonrisa, más luminosa que de costumbre por el efecto del bronceado de sus vacaciones en Tahití, y se marchó acompañado de sus abogados, Olivier d'Antin y Luc Brossollet. D'Antin explicó, por su parte, que Villepin decidirá si contesta o no la competencia de los jueces d'Huy y Pons más tarde, una vez que haya estudiado todo el sumario y los elementos en su contra. El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, ha asegurado que los mandos militares planifican de manera «prioritaria» la retirada de las tropas de Irak, en una carta a la senadora demócrata Hillary Clinton divulgada ayer. Clinton, quien en 2002 votó a favor de la guerra, insiste en que se ha de buscar la forma de salir de ese conflicto, en el que han muerto más de 3.600 soldados estadounidenses y otros 24.000 han resultado heridos. En mayo, la senadora le pidió al Pentágono que informara de la planificación para la retirada de los más de 160.000 soldados desplegados en Irak, y el subsecretario de Defensa, Eric Edelman respondió que el debate público del asunto «fortalece la propaganda enemiga en el sentido de que EEUU abandonará a sus aliados». El 13 de julio, Gates dijo que una retirada de Irak «será una tarea gigantesca», al reiterar que cualquier decisión al respecto dependerá «de las condiciones en el campo de batalla». Los padres de Jeffrey Lucey, un ex combatiente de 23 años que se ahorcó tras regresar de Irak, demandaron ayer al Gobierno de Estados Unidos por lo que consideran negligencia para hacer frente al problema mental que llevó a su hijo al suicidio. «La muerte de Lucey es directamente atribuible a la negligencia, descuido, imprudencia y falta de capacidad de la defensa», reza la demanda. Lucey, que al morir sufría de depresión, fue dado de baja cuerpo de Marines el 15 de agosto de 2003. El ex marine comenzó a autodenominarse «asesino», según la demanda. Fue ingresado contra su voluntad en un hospital local del Departamento de Asuntos de Veteranos. La demanda mantiene que posteriormente dicho hospital se negó a ocuparse de él cuando le intentaron reingresar tras haber destrozado el coche de la familia en un accidente. «En el Departamento de Asuntos de Veteranos cuidamos de todos ellos», dijo el secretario de ese departamento, Jim Nicholson. EEUU e India culminaron ayer las negociaciones de un pacto para compartir tecnología y combustible para plantas atómicas, pese a que el país asiático se ha negado a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). En un comunicado conjunto, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y el ministro de Asuntos Exteriores indio, Pranab Mukherjee, describieron el fin de las conversaciones como «un gran paso adelante». Por su parte, el presidente de EE.UU., George W. Bush, recalcó que el convenio fortalece la «alianza estratégica» de ambos países. Bush y el primer ministro indio, Manmohan Singh, anunciaron el principio de pacto en Nueva Delhi en marzo de 2006, pero éste ha requerido negociaciones delicadas para materializarse. India posee armas atómicas y se ha negado a firmar el TNP, lo que había impedido por ley a las empresas estadounidenses venderle tecnología nuclear. A instancias de la Casa Blanca, el Congreso aprobó e introdujo una excepción en la ley el año pasado sólo para India. Para entrar en vigor, el pacto deberá recibir el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) y de los 45 países que componen el Grupo de Abastecedores Nucleares. Posteriormente, también lo deberá aprobar la Legislatura de EE.UU., según detalló Nicholas Burns, el «número tres» del departamento de Estado. Un gran cambio El acuerdo supone un gran cambio en la política exterior de Bush, que se ha marcado como una prioridad evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, pero que al mismo tiempo se ha empeñado en un acercamiento a India como un aliado frente al poder creciente de China. Las diferencias de India y Estados Unidos sobre cuestiones nucleares, dijo Bush, «han constituido el elemento más significativo de separación en nuestra relación. El acuerdo que anunciamos ayer elimina ese impedimento fundamental». Según el pacto, Estados Unidos enviará combustible y tecnología nucleares a India, algo que es de gran interés para sus empresas.