Infraestructuras
El pleno de la Diputación debatirá mañana si aprueba el estudio de impacto ambiental de la LE-4212
También se presentará una moción a favor del reconocimiento institucional y defensa de las diputaciones provinciales y otra contra la congelación de las pensiones
El pleno que se celebrará mañana en la Diputación de León aprobará el estudio de impacto ambiental de la carretera LE-4212 de Fabero a Guímara, actuación que cuenta con una inversión de cuatro millones de euros. Por ello, se someterá al trámite de información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas, para remitirlo, posteriormente, al órgano ambiental con el objeto de que se formule la correspondiente declaración de impacto.
El Grupo Popular también presentará para su aprobación dos mociones, una a favor del reconocimiento institucional y defensa de las diputaciones provinciales y otra moción de rechazo a la decisión del Gobierno de congelación de las pensiones.
En la primera de las mociones, el equipo de gobierno quiere manifestar la preocupación de la Diputación Provincial por las pretensiones del Gobierno de la nación, como manifestó el ministro de Fomento, José Blanco, de extinguir las diputaciones provinciales, ignorando la configuración constitucional de la organización territorial del Estado.
Por estos motivos, se solicitará al Gobierno que, en cumplimiento de la Constitución Española, garantice que toda persona tiene derecho a residir en cualquier municipio, por pequeño que sea, del territorio de Castilla y León, y que por ello defienda la permanencia, protección y potenciación de las diputaciones provinciales como estructura territorial básica del Estado que garantizan la prestación de servicios públicos iguales y de calidad a los vecinos en el mundo rural. Así, esta moción se remitirá al Gobierno.
Por su parte, la moción de rechazo a la decisión del Gobierno de congelar las pensiones se basa en que algunas decisiones que pretende el ejecutivo nacional, de adoptarse, afirman que «lesionarían injusta e injustificadamente a más de cinco millones de pensionistas, rompiendo de paso uno de los mayores logros de nuestra democracia como es el Pacto de Toledo, que se alcanzó en 1995 entre todos los grupos parlamentarios y mereció el respaldo de los sindicatos».
Por estas razones, el Grupo Popular en la Diputación somete a la consideración del Pleno a que se inste al Gobierno a eliminar las medidas previstas para la supresión de la revalorización de las pensiones contributivas y que convoque la comisión del Pacto de Toledo de forma urgente, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas que sean necesarias para que se garantice la viabilidad y el futuro del sistema de Seguridad Social.