La Diputación recurrirá el pago de 3,2 millones por los terrenos de San Isidro
La institución provincial sostiene que ha cumplido con su parte del contrato
Las oficinas de Esquí & Golf Resort todavía pueden verse en San Isidro.
La Diputación de León recurrirá ante la Audiencia de León la sentencia que le obliga a pagar a la empresa Esquí & Golf Resort 3,2 millones de euros por la compra de unas fincas que ésta última hizo en la Estación de San Isidro.
Así lo decidieron ayer los tres grupos políticos de la Diputación (PP, PSOE y UPL) durante la reunión que mantuvieron con el gabinete jurídico de la institución provincial para analizar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 9 de León, que aún no es firme.
En la reunión estuvieron presentes, además del abogado de la Diputación, el portavoz del Grupo Popular, Jaime González y los portavoces de los grupos de la oposición, PSOE y UPL, Demetrio Canedo y Lázaro García Bayón, respectivamente.
En la sentencia el juez condenó a la Diputación a devolver a dicha empresa 3,2 millones de euros por la compra de las fincas, así como 909.463,98 euros en concepto de gastos de gestión urbanística, edificación y urbanización de dichas parcelas.
Esquí & Golf Resort presentó una demanda en la que pedía que se anulara el contrato de compra-venta de dichos terrenos, suscrito en 2005, además de los correspondientes gastos e intereses derivados de ella, al entender que la Diputación incumplió con su obligación de proporcionarle suministro eléctrico.
Según González, el equipo jurídico considera que la Diputación ha cumplido con sus compromisos contractuales con la empresa en todo momento y considera que ésta última es la que tiene la obligación de urbanizar y dotar de infraestructuras las parcelas compradas.
Colaboración total. El equipo de Gobierno de la Diputación ha destacado el espíritu de cooperación de Demetrio Alfonso Canedo y Lázaro García Bayón que, lejos de planteamientos partidistas, han mantenido una actitud de defensa de los intereses de la institución provincial. Tanto la decisión de enajenar las fincas, como la posterior venta en subasta pública se habían tomado por unanimidad en un Pleno del año 2004, durante el mandato del Javier García-Prieto.