Patrimonio Nacional sólo se encargó de 7 de las 41 fosas encontradas en la provincia
Los técnicos de Patrimonio Nacional sólo han actuado en 7 de las 41 fosas comunes documentadas hasta ahora en León, según lo publicado por el Gobierno en la web de la Memoria Histórica.
Las «entidades informantes» del resto de investigaciones han sido cuatro asociaciones: la Asociación de Estudios sobre la Represión en León (Aerle), la Sociedad de Ciencias Aranzadi (SCA), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Foro por la Memoria (FM).
Son asociaciones cuya creación no ha sido motivada por planes gubernamentales, pero que son apoyadas con fondos estatales para que puedan llevar a cabo su labor en la recopilación de información sobre los represaliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco. En algunos casos, el Gobierno de Zapatero sí ha encargado a alguna de estas asociaciones trabajar en proyectos definidos por funcionarios estatales.
Los importes varían en función de los proyectos. En el BOE del pasado 7 de abril se publicó que la ayuda máxima será de 40.000 euros, salvo para «los proyectos de indagación, localización, exhumación, identificación, y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, así como para la dignificación de los lugares de enterramiento, en cuyo caso el importe máximo será de 60.000 euros».
No obstante, si la Comisión de Evaluación de los proyectos aspirantes a conseguir la subvención se reserva el derecho de establecer cuantías mayores si lo estima oportuno.
En cuanto a los posibles beneficiarios, además de asociaciones puede serlo universidades, agrupaciones familiares, fundaciones o sindicatos.
El presupuesto que el Gobierno destina a este tipo de actividades asciende este año a 5.681.000 euros, mientras que la inversión total realizada hasta la fecha ronda los 20 millones.
Todas estas actuaciones están recogidas en la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en el 2007, que recoge también la concesión de prestaciones e indemnizaciones a los familiares de víctimas de la represión durante la Guerra Civil y el Franquismo.
La misma Ley incluye un apartado dedicado a la eliminación de «vestigios» de la dictadura. Según el balance realizado por el Gobierno (accesible en la web de la Memoria Histórica) hasta la fecha se han eliminado 570 vestigios, de los cuales más de 400 han sido retirados de las dependencias del Ministerio de Defensa.