El joven herido por el desprendimiento en las murallas recibirá 83.000 euros
. La Audiencia Nacional considera al Estado, a la Junta y al Ayuntamiento de León responsables patrimoniales.
Tramo de la muralla en el que ocurrieron los hechos.
La sección séptima de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Cultura, a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de León a abonar 69.680 euros más los intereses legales devengados (alrededor de 13.000 euros) al joven que resultó herido por el desprendimiento de una parte de la muralla medieval de León en noviembre del 2006.
Los hechos se produjeron la madrugada del 5 de noviembre, cuando la víctima (estudiante de la Facultad de Educación entonces y maestro en la especialidad de Educación Musical) transitaba en compañía de otras dos personas por la calle Las Cercas, en la zona comprendida entre la Plaza de San Francisco y la calle Puerta Moneda. Un desprendimiento de sillares le alcanzó directamente sobre la cara, ocasionándole lesiones graves que obligaron a trasladarlo al Complejo Hospitalario.
La sentencia es firme
Los gastos farmaceuticos, hospitalarios y el tratamiento bucal a que hubo de ser sometido ascendieron a 77.849 euros, según recoge el capítulo primero del apartado de Fundamentos de Derecho de la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico y que ya es firme.
El fallo estima en parte el recurso interpuesto por la representación procesal del joven y especifica que hay responsabilidad manifiesta de las administraciones públicas «estatal, autonómica y local». El ponente considera que las administraciones demandadas «no habían adoptado medida precautoria alguna para evitar el daño ocasionado al recurrente».
El recinto de las murallas de León había sido declarado Monumento Histórico Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional el 3 de junio de 1931 «reflejando que el único tramo de la muralla medieval de León que pertenece al Estado es el comprendido entre los número 11 y 25 de la calle Independencia. Las dudas que se puedan suscitar ceden ante la competencia del Ministerio de Cultura en la conservación y restauración públicamente reconocidas con la negociación de un convenio de colaboración».
Por otra parte, los informes de la Abogacía del Estado «vienen a reconocer la existencia de un supuesto de responsabilidad concurrente de las tres administraciones».
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone las funciones sobre el patrimonio histórico, artístico y monumental «que deja pocas dudas en cuanto a las competencias en materia de responsabilidad patrimonial en mantenimiento y conservación», recuerda la sentencia, que en el plano local se somete a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por la que «las entidades locales tienen la obligación de proteger y promover la conservación y comunicar cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad de los bienes o su función social».