El contrato de Urbaser subió de 6 a más de 20 millones anuales en 20 años
El Ayuntamiento prevé dividirlo en basura y limpieza viaria y gastar 13,5 millones.
Chamorro, a la izquierda, recibió ayer por la mañana a los trabajadores de Urbaser y Emilsa.
La deuda del Ayuntamiento de León le debe mucho a Urbaser. Tanto que se come casi el 50% del total de lo solicitado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) 80 millones de euros —de los 161 totales que servirán para pagar la rémora arrastrada con proveedores, avalada por los recortes planteados en el plan de ajuste municipal— engordados por una factura anual que se adjudicó en el año 1992 con un coste para la administración municipal de cerca de 6 millones de euros que en dos décadas han pasado a firmar una cuenta total que rebasa los 20 millones de euros, más otros 7 por la limpieza de interiores. Una cuenta que el nuevo equipo de gobierno ha decidido reducir mediante la separación de los servicios en dos contratos que se sacarán a concurso: la recogida de basura, que se calcula que se mantendrá con un coste de 6,2 millones de euros, y la limpieza viaria, que se reducirá de 13,9 a 6,95 millones a partir de enero del 2013.
El salto de cantidad del contrato se sucede por las consecutivas modificaciones que se han producido desde la adjudicación inicial, alguna declarada incluso nula, como la que se produjo en el 2004. Variaciones que han producido incrementos de hasta el 20% de un ejercicio a otro, revisiones salariales pactadas entre la empresa y los sindicatos que asumía el Ayuntamiento y conceptos adicionales al IPC como el que hacía, por ejemplo, que Urbaser ganase más si cambiaba las ruedas de los camiones dos veces en lugar de una. Incrementos redondeados con el asentamiento de un beneficio industrial del 9% para la firma concesionaria, filial de medioambiente del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez.
Del IPC al ius variandi
El contrato se revisaba de manera anual hasta 1996 mediante las certificaciones. Un modelo por el cual se pasó de los 7,3 millones de 1993 a los 10,2 millones de cuatro años después. A partir de esta fecha, por solicitud de Urbaser y sin mediar acuerdo expreso, el precio del contrato, en lugar de fijarse por servicios efectivamente prestados, empezó a realizarse a través de un canon anual que se abonaba por doceavas partes y que se revisaba en función del IPC experimentado en cada ejercicio.
La fórmula continuó hasta el año 2000, que se cerró con una factura de 10,7 millones de euros. El nuevo cambio, efectuado también por una petición de la empresa concesionaria, sirvió para que la actualización del canon se hiciera no sólo en función del IPC, sino que se recogieran otros conceptos que experimentaran una subida superior a este indicador, entre los que se citaba la antigüedad y peligrosidad en pagas extras. Contabilidad que hizo que en el 2003 ya se desembolsaran 12,9 millones.
La variación más significativa se registró en el 2004, por gracia del denominado ius variandi. La fórmula defendida por el entonces edil de Limpieza, José María Rodríguez de Francisco, y sustentada por el alcalde socialista Francisco Fernández, por la que se prorrogó el contrato por 7 años, hasta el 2011, a pesar de que concluía en el 2004, con el argumento de que la concesionaria asumiría el pago de la maquinaria necesaria para la recogida selectiva. Así se inició una progresión de facturas que en el 2005 firmaba 15,8 millones y en el 2007 ya era de 17 millones.
El acuerdo del ius variandi lo declaró nulo el TSJ en el 2007, debido a la denuncia del PP de Amilivia, por haber prescindido del dictamen del Consejo Consultivo. Una sentencia que hace que desde entonces se encuentre prorrogado por inercia, sin que los dos últimos equipos de gobierno hayan sido capaces de sacar a concurso la adjudicación de los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad.