La no financiación de la teleasistencia pone en jaque a 30 empleados de León
Dos grupos parlamentarios, sin el peso del popular, presentan enmiendas en contra.
La desaparición del servicio de teleasistencia dejará sin cobertura a 4.000 beneficiarios de la provincia.
Los Presupuestos Generales para el 2013 se han olvidado de la teleasistencia. La no financiación de este servicio de atención domiciliaria no sólo deja sin su prestación a más de 4.000 personas en la provincia, sino que además pone en jaque el puesto de trabajo de los 30 técnicos que Cruz Roja tiene en León como personal remunerado.
Este servicio de atención a las personas mayores estaba financiado a través del Imserso con partidas del Gobierno y ahora queda en el aire a partir del 31 de diciembre. En la provincia de León, según informaron fuentes de la Cruz Roja, que ejecuta la totalidad del servicio en la provincia, sacan adelante a diario este servicio 30 técnicos —bajo remuneración económica— y un total de 350 voluntarios. Así, la mayor parte de la teleasistencia se ejerce a partir de un gran colectivo y su esfuerzo desinteresado. Sin embargo, son otras tres decenas de trabajadores remunerados cuyo futuro pende de un hilo debido a la falta de subvención que sufrirá este sistema, pues en la próxima anualidad Cruz Roja ya no dispondrá del 65% del soporte económico procedente del Estado.
Las reacciones por parte de los grupos políticos no se han hecho esperar en el Congreso de los Diputados. De esta forma, han sido el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural —compuesto por IU, ICV-EUiA, CHA— y el Catalán —formado por Convergència i Unió— quienes han presentado sus enmiendas para solicitar «la continuidad de la prestación de la teleasistencia domiciliaria, a través del mantenimiento de la cuantía de este programa que beneficia a los colectivos de personas mayores», reza la petición. Por su parte, el grupo popular no ha presentado de momento enmienda alguna a pesar de que se había hablado de un posible consenso. Sin la fuerza de los populares, los anteriores grupos parlamentarios presentan ante la Cámara Baja su rechazo a este recorte en materia de Dependencia, que afecta a 248.071 usuarios en toda España. En su enmienda piden recuperar la dotación de casi 29 millones de euros para este programa, sujeto a un Convenio Marco Imserso-Femp e implantado actualmente en 13 Comunidades Autónomas, junto a Ceuta y Melilla.