Eliminadas las ayudas de estudios y viviendas para los trabajadores
El pleno de la Diputación aprobó ayer la derogación de los reglamentos reguladores de la concesión de préstamos de vivienda y de ayudas de estudios para el personal laboral y personal funcionario. La aprobación de este punto, con los votos en contra del PSOE y UPL y la abstención de los no adscritos, llegó con polémica. Los diputados socialistas se mostraron contrarios a la medida «porque supone la pédida de derechos adquiridos y que no representan un coste elevado», explicó Demetrio Alonso, que lo cifró en 400.000 euros anuales «que los trabajadores devuelven en parte» «Se ha demonizado a los trabajadores. Estamos en contra de la eliminación de los derechos de los funcionarios públicos», aseguró el diputado de la UPL, Lázaro García Bayón. El diputado no adscrito, Matías Llorente, señaló directamente a los representantes sindicales como responsables «que han dejado solos a los trabajaodres y no han acudido a ninguna mesa negociadora».
Mientras tanto, en la calle, los representantes sindicales aguardaban a la terminación del pleno. El aforo completo del salón fue la razón dada para no permitirles el paso. «No hemos ido a las reuniones porque no se nos pedía negociar sino que se nos imponía la supresión», aseguraban.
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, tomó la palabra en el pleno para, en un tono enérgico, advertir que con la derogación del reglamanto «no estamos quitándole ningún derecho constitucional a nadie» y aclaró que las ayudas para estudios «son las que los empleados utilizan para ir a clases de inglés o música y eso no lo tiene ninguna administración y las ayudas para vivienda se detraen de otras partidas y se prestan a unos intereses bajísimos, lo que no tienen otros funcionarios». Criticó que el PSOE minimizara los 400.000 euros anuales de gasto en estos conceptos, «que supone el mantenimiento de 22 puestos de trabajo», dijo.
El portavoz del PP, Jaime González, recordó que un trabajador que cobra 50.000 euros al año puede recibir una ayuda de 1.000 euros para estudios. «La razón no tiene por qué ir de la mano de la tradición», dijo.