El Supremo censura al Ayuntamiento de León por contratos irregulares

El alto tribunal declara nulas tres contrataciones del PSOE en 2009 .

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León

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La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que no hay lugar para el recurso de casación presentado por una persona, contratada por el Ayuntamiento de León, contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de declarar nula su incorporación a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio por carecer su proceso de incorporación de la correspondiente representación legal de los trabajadores. Los sindicatos habían denunciado que se trataba de una contratación irregular y que apenas habían tenido tiempo de ver la documentación y preparar el caso.

El apartado tercero de los Fundamentos de Derecho de la sentencia recuerda que «están legitimados para estar presente en las mesas de contratación los sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico».

Por eso entiende el ponente que se debería haber citado a la Agrupación Sindical Independiente, pero «no puede entenderse que concurriera una citación realizada con la mínima antelación exigible y sin la constancia de que se diera traslado de la documentación esencial concerniente a la materia que iba a ser objeto de negociación», explica el Ponente.

El recurrente exponía en su escrito que la impugnada modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fue objeto de una amplia negociación en la Mesa General del Ayuntamiento, que no trasladó su contenido a la Mesa de Funcionarios sino que lo hizo a través de la Mesa General y que el sindicato sí que fue citado en tiempo y forma, como reconocían los agentes sindicales en un escrito de alegaciones presentado en julio del 2009, cuando gobernaba el PSOE.

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Todos estos argumentos son rechazados en la sentencia al recurso, que considera firme la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaraba nulas tres contrataciones.