San Andrés obliga a Gexín a reabrir las piscinas con sus 17 trabajadores

Después de un tira y afloja entre la empresa adjudicataria de las piscinas y el Ayuntamiento de San Andrés desde el pasado verano, el acuerdo aprobado ayer por el Pleno permitirá solucionar la falta de este servicio, interrumpido de forma temporal en septiembre y nuevamente desde el pasado 1 de enero. La Corporación en bloque, con la única abstención de IU, dio luz verde a la propuesta del equipo de gobierno para obligar a Gexín a reabrir las instalaciones en el plazo de diez días, conservando sus 17 trabajadores, o será el Ayuntamiento quien intervenga la concesión por un periodo máximo de un año, asumiendo la gestión, pero cargando los gastos a la empresa. Si llegara ese caso, el Consistorio apercibiría a la compañía por «el incumplimiento grave» que supone la paralización de la gestión, explotación y mantenimiento de las piscinas, en uso de las cláusulas establecidas en el pliego de contratación.

El concejal de Deportes, Pedro García, negó que tuviera «prejuicio hacia esta empresa» y explicó que «lo único que se busca con este acuerdo es solucionar la falta de este servicio por el bien de los trabajadores y de los usuarios». También recordó que en las reuniones con Gexín, la mercantil «rechazó todas las posibilidades que le ofrecimos», y que en el 2011 se encontraron con una deuda hacia esta firma de 2,7 millones de euros.

La portavoz del PSOE, María Eugenia Gancedo, cree que el PP ha dejado «que se enquiste el problema», al entender que desde marzo del 2013 a enero del 2014 «tuvieron tiempo para resolver el contrato». Como Ixsa, lamentan que el alcalde, Gregorio Chamorro, firmara el pasado 2 de octubre un documento en que se compromete a rescatar la concesión, argumento «al que ahora se aferra la empresa para pedir una indemnización y no prestar el servicio», indicó Luis Herrero Rubinat.

IU cree que la gestión en este asunto fue «deplorable» y coincide en la necesidad de reabrir las piscinas y salvar los puestos, cuestiones que para su formación se consiguen «municipalizando el servicio». El PAL-UL puso de manifiesto los «roces y falta de confianza» que, a su juicio, se han producido entre las partes, lo que ha retrasado una solución y pidió que no se «mercadee con los empleos, porque detrás de cada trabajador hay una familia».

Idea compartida por todos los grupos. De hecho, UPL solicitó que los 17 empleados de las piscinas «se queden trabajando, sea con quien sea». El alcalde reconoció que en «todos los encuentros que hemos mantenido con Gexín hemos tratado de salvaguardar los puestos de trabajo, que se subrrogarían sin otra empresa asumía la gestión». También señaló que «han estudiado el tema con minuciosidad para ver qué opciones eran las más rápidas para dar de nuevo el servicio a los ciudadanos».

También resaltó que los mercantiles que han prestado servicio en el municipio «no han tenido culpa de nada, fue el Ayuntamiento quien firmó con ellas unas condiciones que no se podían afrontar. De ahí el plan de ajuste».