El tribunal del Consultivo fiscalizó quince contratos públicos de León
Proceden de ayuntamientos, la Junta y la Diputación y suman casi 150 millones.
Dispositivos de control de tráfico en la ciudad, en Alcalde Miguel Castaño.
Entre todos suman cerca de 150 millones de euros. Es el importe de los quince contratos de la provincia que el pasado año llegaron hasta el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, órgano adscrito al Consejo Consultivo, presidido por Mario Amilivia.
El Ayuntamiento de Ponferrada encabeza el número de recursos generados, con un total de cuatro; mientras que la Junta, a través de sus consejerías, contabilizó tres, las mismas que la Diputación. El Ayuntamiento de San Andrés tiene otras dos, el de León una y dos la Universidad.
En cuanto a la gestión de estos recursos, el Tribunal dio luz verde a cuatro resoluciones estimatorias, cinco estimatorias parciales, cuatro inadmisiones y dos desestimatorias. Llama la atención que el contrato de mayor cuantía (130 millones de euros), correspondiente a la limpieza, recogida de residuos y conservación de zonas verdes de Ponferrada, no fue admitido al incumplir los requerimientos establecidos.
En los estimatorios se cuentan uno de la Consejería de Fomento, otro de San Andrés, uno de la Diputación y uno de la Universidad. Esta vía permite forzar la repetición de todo el proceso de contratación.
Y en el ámbito de la Comunidad, el número de resoluciones aprobadas en 2013 (su primer año completo de funcionamiento) por este Tribunal ascendió a 75, que se suman a las 31 que gestionó en 2012, cuando comenzó a funcionar. Un total de 38 de estos recursos llegaron suscitados por actuaciones contractuales de administraciones locales, 32 de la autonómica y cinco de universidades.
León se sitúa como la segunda provincia de la Comunidad con más recursos 15, tras Valladolid que encabeza el ránking con 24, en una lista que cierran Ávila, Palencia, Segovia y Zamora con dos cada una.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León tiene como misión la tarea de control de la legalidad en las fases de preparación y adjudicación de contratos del sector público de «forma rápida y eficaz», evitando que los litigantes deban acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.
Se trata de recursos administrativos de carácter potestativo y precontractual y estos tribunales son considerados órganos «cuasi jurisdiccionales».