Educación dirá hoy si ofrece a Rubén escuela inclusiva al filo de sus 15 años

Hoy puede ser un gran día para Rubén. El adolescente leonés con síndrome de Down espera desde hace casi un año el dictámen del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo por malos tratos físicos e inclusión educativa. En agosto cumple 15 años y se agotan las posibilidades para que cumpla su escolaridad obligatoria.

Hoy la pelota de su destino inmediato como escolar está en Valladolid, en el Monasterio de Prado. La directora general de Innovación de la Consejería de Educación, Pilar González, ha citado a su padre, Alejandro Calleja, y al gerente de Down España, Rafael Matía, para hablar de la situación de Rubén.

«Esperamos que se desatasque su escolarización», comenta el padre, aunque admite que va «sin muchas esperanzas» porque la postura de la Junta «hasta ahora ha sido férrea en su defensa de la segregación escolar del menor». «Ya no nos pueden quitar nada» y «le daré mi versión del tema cualificada y documentada», apunta.

Rubén cumple su tercer curso sin ir a una escuela oficial por las discrepancias entre la Junta y su familia sobre el tipo de escuela a la que debe asistir. Educación impone a Rubén una educación en el centro de educación especial Sagrado Corazón. La decisión fue comunicada por teléfono a la familia por el propio centro, en junio de 2011, antes incluso de conocer el dictámen de la Junta.

Su familia exige educación inclusiva en un colegio ordinario, como lo fue desde los 2 hasta los 11 años, con los apoyos que precise y en este empeño ha llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional después de recibir sendas negativas en un juzgado de León y en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a una educación inclusiva, es el principal argumento de la familia de Rubén y de Solcom, la asociación que arropa el caso en el Alto Tribunal.

De palabras a hechos

Alejandro Calleja espera que la Junta pase de «las buenas palabras a los hechos» pues tanto la nueva ley sobre personas con discapacidad, aprobada en diciembre, como la Lomce, «reconocen el derecho a la educación inclusiva», insiste.

Respecto a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional desfavorable al recurso de amparo que interpuso Solcom y la familia palentina de Daniel, un niño con autismo para quien también se reclamó amparo, el padre de Rubén señala que «cada caso es diferente» y «nosotros estamos a la espera del fallo».

El abogado de Solcom, Juan Rodríguez Zapatero, subraya que la sentencia «otorga un poder omnímodo a la administración» ante un derecho fundamental y ve necesario que se abra un debate social y jurídico sobre la necesidad de adaptar las leyes al reconocimiento efectivo.

Alejandro Calleja y Lucía Loma fueron denunciados por el fiscal de menores por absentismo escolar de Rubén y la jueza ha dictado auto para abrir diligencias previas por un presunto delito de abandono familiar.