Triana y Diputación se enfrentan hoy a otro juicio por diferencias salariales
Los abogados de ambas partes presentarán la defensa sin la presencia de sus clientes .
Prácticamente tres años de diferencias laborales entre la Diputación y la ingeniera de telecomunicaciones Triana Martínez, encarcelada en la prisión de Mansilla por su participación en el crimen de Isabel Carrasco, que hoy vivirán un nuevo episodio en el juicio previsto a las 11.20 horas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León.
La vista dirimirá la reclamación interpuesta por la institución provincial contra la que fue funcionaria interina en el Palacio de los Guzmanes desde el verano de 2007 hasta mayo de 2011.
La reclamación planteada por la Diputación se centra en la exigencia a Triana Martínez para que devuelva a las arcas provinciales la «cantidad indebidamente cobrada» durante su etapa como trabajadora de la institución: un total de 6.583,80 euros. Se trata de una cantidad sustancialmente inferior a la que le requirieron anteriormente, cifrada en 11.046,78 euros, ya que se considera prescrita la diferencia entre el dinero ahora pedido y el inicial.
Todo comenzó cuando Triana Martínez fue cesada como funcionaria interina de la Diputación (5 de mayo de 2011), coincidiendo con la toma de posesión de la plaza a la que ella aspiraba (ingeniera de telecomunicaciones) del candidato ganador del puesto. La hija de la autora confesa del crimen de la que fuera presidenta de la institución provincial en los últimos casi siete años interpuso ese otoño un recurso contencioso administrativo. No estaba de acuerdo con el decreto de Presidencia, de 17 de octubre, que aprobó la liquidación de las cantidades que debía Triana: 11.046,78 euros.
La institución provincial consideró que la ingeniera de telecomunicaciones había cobrado una serie de cantidades de forma indebida en el periodo en que estuvo trabajando en la institución. La Diputación explicó en su momento que «estas cantidades fueron indebidamente percibidas al haber cobrado en su totalidad el complemento específico del puesto cuando compatibilizaba los servicios en el Palacio de los Guzmanes con el ejercicio de actividades profesionales privadas».
Un auto del 28 de febrero de 2012 del Contencioso número 2 suspendió la eficacia del decreto de Presidencia que reclamaba a Triana la cantidad mencionada. Y el 12 de noviembre de ese mismo año, el mismo tribunal dictó una sentencia en la que estima el recurso contencioso interpuesto por la ingeniera de telecomunicaciones.
El fallo apuntó que el error en la elaboración de las nóminas que Triana debía percibir por su compatibidad de trabajos, «al ser reiterado en el tiempo, se convirtió en un acto declarativo de derechos». Consideró, además, que la institución debió acudir «al procedimiento de declaración de lesividad y no a la corrección de un mero error aritmético».
El 2 de septiembre de 2013, la Diputación interpuso ante el mismo juzgado reclamación de la cantidad cobrada indebidamente por Triana Martínez.