un desembolso de 21,5 millones
La Junta negociará la financiación de los centros asistenciales pero sin asumirlos
Pretende que la Diputación siga gestionando «como administración más cercana».
Imagen exterior de la residencia de ancianos de Santa Luisa, uno de los cuatro centros.
Con la premisa de que las administraciones más cercanas deben seguir prestando los servicios más próximos a los ciudadanos, la Junta no tiene intención de integrar en su red de centros asistenciales los cuatro que gestiona la Diputación de León: Santa Luisa, Nuestra Señora del Valle, Cosamai y Sagrado Corazón. No obstante, tal y como aseguraron ayer a este periódico fuentes de la institución autonómica, negociarán la financiación para llegar a un acuerdo económico.
El presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, reclama a la Junta conversaciones inmediatas para el traspaso de estos centros o, bien, la financiación completa de los mismos por parte de Valladolid. La gestión anual de estos cuatro espacios, además de la financiación de la atención de enfermos psiquiátricos, ancianos y discapacitados en otras residencias de la provincia y Palencia, supone para las arcas del Palacio de los Guzmanes el desembolso anual de 21,5 millones de euros. En su conjunto, financia las prestaciones asistenciales de medio millar largo de personas y en los cuatro centros están destinados 334 trabajadores de la plantilla de la institución.
Las mismas fuentes de la Junta precisaron ayer que la Consejería de Presidencia publicó recientemente un Decreto Ley de adaptación de su propia norma de Ordenación del Territorio a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro o la Reforma Local. La institución autonómica recordó, no obstante, que hay dos años de periodo transitorio para adaptarse a esta normativa en este tipo de servicios.
«Presidencia ya ha empezado a hablar con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para perfilar puntos de encuentro generales con ayuntamientos y diputaciones de la comunidad en prestaciones sociales», afirmaron desde la Junta, insistiendo en que hay tiempo para negociar.
La Reforma Local, tal y como prevé el reparto de servicios, hace inviable, cuando entre en vigor en su totalidad, que las diputaciones puedan pagar los servicios que corresponden a las denominadas competencias distintas. Precisamente, la Ley advierte de que si las diputaciones continuaran gestionando este tipo de servicios, como centros asistenciales, precisarían cumplir una serie de requisitos, como no poner en peligro su estabilidad presupuestaria, evitar la duplicidad de prestaciones y contar con autorización e informes preceptivos de la Junta.
A la hora de negociar la financiación, la institución autonómica tratará de no incluir el gasto de personal de estos centros, principal montante del coste, por lo que las negociaciones serán largas e intensas entre ambas partes. Ya ha habido conversaciones informales.