OPERACIÓN PÚNICA

El juez coloca al presidente de la Diputación como un implicado clave

Eloy Velasco se reserva para el final los interogatorios a Granados, Martínez Barazón y los dos empresarios detenidos

Agentes de la Guardia Civil bajan de un furgón una mochila y una bolsa con documentos de los detenidos

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REDACCIÓN / MADRID
León

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A juzgar por el orden en el que va a declarar en la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco y el fiscal Anticorrupción consideran al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, una pieza clave en la trama de corrupción que ha acabado con 51 detenidos en todo el país.

Velasco y la Fiscalía han optado por empezar a tomar declaración a los arrestados de menor importancia y terminar con los supuestos cabecillas de la operación. El presidente de la Diputación está en el último turno. Su declaración está fijada con la de Francisco Granados, ex consejero de la Comunidad de Madrid y número 2 de Esperanza Aguirre y a su socio en este entramado, David Marjaliza.

No llegarán a la Audiencia Nacional antes de mañana. El juez dispone de 72 horas desde el momento de la detención para que sean puestos a su disposición. La detención de Barazón se produjo el lunes por la mañana.

Velasco interroga desde las 14.45 horas al segundo alcalde de los cuatro que está previsto que comparezcan hoy tras su detención en la operación Púnica contra una trama de corrupción municipal y regional. Desde esa hora el juez de la Audiencia Nacional toma declaración al alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP), tras haber interrogado ya al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, también del PP, al secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, y al empresario Francisco Ruiz, han informado fuentes jurídicas.

El juez comenzó a mediodía los interrogatorios a 17 de los 35 detenidos en esta operación a los que tiene previsto interrogar hoy, entre los que se encuentran, además de Juárez y Cubas, los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE), y Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA).

Por el momento han sido conducidos a la Audiencia Nacional en dos furgones de la Guardia Civil ocho de los 17 detenidos que comparecerán hoy: los cuatro alcaldes, Jesús Norberto Galindo, Francisco Ruiz y los directivos de la empresa Cofely Didier Maurice y Constantino Álvarez. Hoy también serán puestos a disposición de Velasco José Martínez Nicolás, consejero delegado de la agencia de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y el técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (PP), Marco Durán.

 

A la Audiencia Nacional han llegado vehículos cargados con documentos, que son trasladados en cajas por agentes de la Guardia Civil.

Barazó ha dormido en un calabozo de la Comandancia de Tres Cantos, donde continúa. Ya ha sido interrogado por agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha dado traslado de las diligencias al Juzgado. En Madrid se encuentra también desde ayer su abogado, el leonés Ricardo Gavilanes, que le asistirá en la declaración ante el magistrado.

Velasco interroga hoy a 17 de los 35 detenidos en la Operación Púnica contra una trama de corrupción municipal y regional que cobraba comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, entre los que se encuentra el ex consejero madrileño del PP Francisco Granados y el presidente de la Diputación de León.

La red de corrupción habría tejido parte de su trama de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones con el ahorro energético de municipios, principalmente de la Comunidad de Madrid.

En este caso hay 51 imputados por su presunta implicación en una trama de corrupción municipal y regional que cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios, en torno a un 3 % de comisión por cada uno de los contratos, cuyo montante ascendió a 250 millones de euros sólo en los dos últimos años.

Fue la multinacional francesa Cofely, dedicada a dar soluciones energéticas en edificios e instalaciones, la principal adjudicataria de los contratos de los ayuntamientos para actuaciones de ahorro del consumo de luz y de emisiones de dióxido de carbono en el alumbrado público.

De esta forma, la red corrupta se podría haber beneficiado de unos 7 millones de euros en comisiones.

Además del ex consejero Granados y de los alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), están detenidos jefes de gabinete de corporaciones locales, arquitectos, abogados, técnicos municipales y ejecutivos de las empresas implicadas.

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