Los trabajadores del bus urbano irán a la huelga indefinida desde el día 20
Los empleados de Alesa exigen la devolución del 5% ante la nueva bajada salarial.
A las puertas de las elecciones, un nuevo servicio externalizado se pone en huelga. Si primero fueron los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) los que se levantaron contra la UTE adjudicataria, dominada por Urbaser, ahora son los empleados del transporte urbano quienes se levantan contra su empresa, en este caso Alesa, filial de Alsa. Una huelga indefinida convocada a partir del día 20 de mayo que amenaza con condicionar el funcionamiento de las 13 líneas de autobuses rojos que circulan por el municipio, después de que la adjudicataria se niegue a devolverles el 5% de bajada salarial aplicada desde hace 4 años y además plantee nuevas rebajas, según denunciaron ayer los representantes sindicales de UGT, CC OO y Csif.
Los sindicatos insistieron, una vez saldada la mediación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) sin acuerdo, en que han realizado «múltiples esfuerzos y acotado en gran medida las reivindicaciones, minimizándolas en unos puntos mínimos» para que haya «un acuerdo económico en el que los salarios aumenten de una manera contenida». «No podemos aceptar una nueva bajada», recalcó el portavoz de UGT, José Antonio Ferreras, quien abundó en que «la representación empresarial argumenta que la subida que va a tener por parte del Ayuntamiento de León no permite subida salarial, ni mejoras en el convenio».
El conflicto se inscribe dentro de una concesión municipal que tiene un coste cercano a los 7,1 millones de euros anuales: 2,9 millones se cubren con el billetaje, mientras que los otros 4,2 millones los asume el Ayuntamiento de León, que llegó a pagar por este déficit hasta 6,3 millones. Un marco en el que la empresa filial de Alsa aplicó una bajada del 5% al centenar de empleados como consecuencia de los ajustes negociados con el consistorio. «No se puede volver a repetir, máxime cuando los mensajes de los responsables políticos insisten en que se han solucionado los problemas estructurales de carácter económico», apuntó Ferreras, quien pidió «disculpas a los ciudadanos por los posibles inconvenientes», pero remarcó que «los responsables son los representantes de la empresa y los municipales».