El desvío de camiones hacia la AP-66 desde el puerto de Pajares arranca hoy
Las bonificaciones en los peajes oscilan entre el 35% y el 50%, depende del tramo.
La ministra firmó ayer los acuerdos con las concesionarias de autopistas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer los seis reales decretos, aprobados el pasado viernes 3 de julio por el Consejo de Ministros y que forman parte del plan de desvío voluntario de vehículos pesados a las autopistas de peaje que entra en vigor hoy.
Dicho plan se aplicará inicialmente en seis tramos durante un periodo de prueba de cinco meses, uno de ellos en la provincia de León. El Gobierno estima que dicha iniciativa, que se extenderá a un total de dieciséis tramos, beneficiará a más de 1,3 millones de camiones.
Los citados reales decretos establecen bonificaciones en los peajes que oscilan entre el 35 y el 50%, en función del recorrido, y las concesionarias afectadas son Acesa, Autopistas del Atlántico, Europistas, Autopista Astur-Leonesa, Aumar e Iberpistas.
Los tramos afectados son: Villalba-Villacastín (AP-6), Dos Hermanas-Jerez Norte (AP-4), Lleida-Montblanc (AP-2), Burgos-Armiñón (AP-1), Puxeiros-Porriño (AP-9) y León-Campomanes (AP-66).
Los decretos establecen que, en el caso de que la aplicación de la medida suponga una pérdida de ingresos para la sociedad concesionaria, la Administración General del Estado aportará la cantidad necesaria para recuperar dicha disminución con cargo a los Presupuestos de 2015.
En el caso de que se cumplan las previsiones de captación de tráfico que conllevará la rebaja de peajes, se preven indemnizaciones que suman 4,6 millones de euros. La cifra se eleva a 7,8 millones «ante la hipótesis extrema» de que la medida no genere aumento alguno de tráfico, según los decretos, que establecen que las empresas presentarán una memoria con el impacto de la media a los dos meses de su entrada en vigor y luego una cada mes.
En el caso de que la bonificación de peajes conllevara un aumento de los ingresos, las concesionarias deberán abonar el importe justificado en la memoria deberá abonarse en el Tesoro Público.