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El fiscal pide reabrir el caso Cortizo veinte años después del mayor atentado en León
Aparecen nuevas pruebas para incriminar a los terroristas a sólo tres meses de que el caso prescriba.
El atentado tuvo lugar en la confluencia de Ramón y Cajal con las calles Renueva y Abadía.
La fiscalía de la Audiencia Nacional remitió en la tarde de ayer un escrito al juzgado Central de Instrucción número 3 de los del mismo órgano para solicitar la reapertura del procedimiento abierto contra Soledad Iparraguirre y Sergio Polo, acusados de acabar con la vida del comandante Luciano Cortizo en León la mañana del 22 de diciembre de 1995 por el procedimiento de la bomba lapa.
De acuerdo al escrito presentado por el fiscal José Perals, Iparraguirre dio material explosivo y órdenes a Polo para cometer el atentado. Guardó en su piso de Pasajes (Guipúzcoa) cerca de dos kilos de cloratita, un dispositivo electrónico y los mecanismos necesarios para la elaboración de una bomba lapa.
En días previos se trasladó de San Sebastián a León en transporte público y la noche anterior al atentado colocó el artefacto en el vehículo. Explotó a las 13.20 horas, cinco minutos después de arrancar y tras circular 300 metros. El comandante murió, su hija resultó herida grave y cuatro viandantes sufrieron daños.
La Unidad Central Especial de la Guardia Civil (UCE) realizó recientemente una labor de revisión de los indicios hallados en su día en relación con los dos sospechosos. Soledad Iparraguirre, alias Anboto, dio la orden concreta a Sergio Polo, alias Lur, de cometer el atentado de León. Lo demuestra una comunicación orgánica hallada en casa de Polo, donde también había horarios de autobús y tren entre San Sebastián y León.
El informe pericial de la Benemérita revela que los explosivos usados contra el comandante eran compatibles con los hallados en su domicilio. También recibió adiestramiento sobre la fórmula para forzar vehículos de la marca Ford como el que usaba habitualmente Luciano Cortizo. Impartió aquel cursillo el histórico Urrusolo Sistiaga, que luego se arrepentiría de su pertenencia a ETA.
Una carta entre los dos sospechosos, que se incorpora ahora a la causa en el nuevo informe, revela que el comando tuvo dificultades para identificar a Cortizo. «Es compatible con el análisis de las fechas de los tres meses anteriores al atentado, en las que el comandante estuvo ausente del cuartel por diversos motivos y a veces utilizó otro vehículo», explica el escrito del fiscal.
Se descarta definitivamente como posibles autores de los hechos a Javier García Gaztelu y a José Ignacio Alonso Rubio. Se les vio junto a Polo en su piso, pero no se les relaciona con lo ocurrido.
Por todo ello, se califica el atentado como un delito de asesinato terrorista al que se añaden cinco delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Propone el fiscal Perals que se dicte auto de prisión provisional incondicional. Ella fue condenada a 20 años de prisión en diciembre de 2010 y se encuentra en Francia. Él permanece en el Centro Penitenciario de Botafogo (Algeciras) cumpliendo 100 años de prisión por el atentado que dejó en silla de ruedas al capitán Juan José Aliste en Salamanca.